Queremos Saber la verdad sobre la crisis de la banca

Una Comisión de la Verdad sobre la crisis de Cajas y Bancos

El Partido Popular está recortando la escuela y la sanidad. El Gobierno ha aplicado 10.000 millones de euros en recortes a la inversión en la educación, perjudicando así el futuro de nuestros hijos e hijas y de nuestra sociedad, y al gasto en sanidad pública que es fundamental para la salud y el bienestar de todos nosotros. Con los ajustes que exige a las comunidades autónomas, éstas tendrán que optar por hacer más recortes en estos servicios sociales básicos o hacerlos en otros gastos. En las gobernadas por el Partido Popular los recortes se van a aplicar a 'rajatabla' sobre escuelas, asistencia sanitaria y hospitalaria, y dependencia.

Sin embargo, los bancos y cajas tienen barra libre. En el caso de Bankia, el Gobierno va a reforzar el capital del banco con casi 24.000 millones de euros (cerca de 2,5 veces lo que se recorta en educación y sanidad).

Desde que comenzó la crisis, bancos y cajas han recibido más de 500.000 millones de euros en ayudas de distinto tipo (ayudas directas, avales para renegociar sus créditos, préstamos transformables en capital y créditos del Banco Central Europeo al 1% por tres años).

PSOE y PP han entregado al capital financiero privado la mitad del ahorro y el crédito del país mediante la privatización y bancarización de las Cajas de Ahorro, seguidas ahora de su expolio.

De hecho, todas las medidas que se nos han presentado como medidas para salir de la crisis han sido, en el fondo, medidas para mejorar la situación de bancos y cajas.

Por ello, las políticas aplicadas para salir de la crisis han sido una auténtica estafa.

Pese a todo, parece que las ayudas a Bankia no serán las últimas. Otros bancos y cajas pueden necesitar aún más dinero. Estimaciones prudentes hablan de 50.000 millones de euros, pero todo dependerá del resultado de una auditoría que van a hacer auditores extranjeros bajo la supervisión y control del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Si esas auditorias son negativas serán precisos nuevos rescates.

¿De dónde saca el Gobierno el dinero para esas ayudas?

Endeudándose más aún. Cada 10.000 millones de inyección a los bancos es casi 1 punto del PIB más de deuda por la que hay que pagar intereses. Todo ello, el crédito y sus intereses, hay que pagarlo con dinero de los y las contribuyentes. Con dinero que sale de nuestros bolsillos.

Dinero que se debería utilizar para educación, salud, dependencia y otros gastos sociales y se usa para ayudar a los bancos.

¿Cómo han llegado a esta situación?

Ni los Gobiernos del PSOE ni los del PP quisieron detener la especulación inmobiliaria. Las Cajas de Ahorro, con ejecutivos nombrados por los gobiernos autonómicos presididos por el PSOE y el PP, colaboraron de forma sobresaliente en la misma.

Pero ha habido algo más que eso. Créditos temerarios, operaciones de dudosa legalidad, evaluación cómplice de los riesgos, seguimiento de políticas de infraestructuras sin ningún respaldo serio (que han dado lugar a aeropuertos inútiles y a cientos de miles de viviendas vacías y a urbanizaciones y polígonos sin uso).

Y ha habido también una gestión deplorable. Retribuciones y pensiones escandalosas, falsedad en los balances contables y una escasa diligencia culpable en la supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

¿Queremos saber lo que ha pasado y quienes son los responsables

Izquierda Unida ha pedido que se cree una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados que depure las responsabilidades políticas y administrativas que existan en la gestión de las instituciones financieras, en el trabajo de los organismos de supervisión y en la acción de las autoridades políticas y administrativas. Esta Comisión debe tratar especialmente la gestión en las instituciones intervenidas o que puedan intervenirse, como BFA/Bankia, Bancaja, la CAM, Caja Castilla La Mancha, NovaCaixaGalicia, UNIMM, el Banco de Valencia y otras.

Se trata de crear una auténtica 'Comisión de la Verdad' sobre la crisis de las instituciones financieras españolas.

Pero esta Comisión no encuentra apoyo en los partidos mayoritarios. Realmente tienen responsabilidades compartidas en todo el proceso que nos ha llevado a esta situación y eso explica sus resistencias.

No obstante, si esa Comisión no sale adelante y/o complementariamente a su trabajo, Izquierda Unida, apelando a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, está dispuesta a colaborar en la puesta en marcha de un auténtico Tribunal Social sobre las Responsabilidades en la Crisis de las Instituciones Financieras.

Vamos a pagar con nuestros impuestos el agujero financiero de Cajas y Bancos y tenemos derecho a saber lo que ha pasado y a exigir responsabilidades para que los culpables sean identificados y castigados.