IU registra su Enmienda a la Totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2012

Enmienda a la Totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012

El Gobierno ha presentado los Presupuestos Generales del Estado para 2012 afirmando que son austeros, realistas y que garantizan la credibilidad de la economía española, pero en un lenguaje más heterodoxo aunque no por ello menos elocuente, el Ministro de Asuntos Exteriores los calificó como “de guerra”. La cuestión es preguntarse de guerra contra quien, y a la vista de la orientación general de los Presupuestos y del ajuste que conllevan, la respuesta es clara: contra la recuperación de la economía y del empleo y contra el Estado de Bienestar y los Servicios Públicos.

El ajuste drástico en las cuentas públicas pretende, según afirma el Gobierno, ofrecer seguridad a los inversores respecto a la capacidad de la economía española, o dicho en otras palabras, contentar a los mercados financieros. Pero la evolución de esos mercados demuestra que la confianza no se recupera con recortes presupuestarios que lastran la capacidad de crecimiento económico.

En ese mismo sentido, ni la reforma del artículo 135 de la Constitución, ni su desarrollo a través de la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, ahora en tramitación parlamentaria, han conseguido fortalecer la confianza en la economía española. Pero son reformas con un marcado carácter antisocial.

El apartado 3 del reformado artículo 135 establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente contra el artículo 1.1 de la Constitución al introducir ese pago como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho. Además, se limita la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas, establecidas en el artículo 156 de la Constitución y se impone a las Corporaciones Locales, ya de por si acuciadas por el incumplimiento del compromiso de un nuevo sistema de financiación, el equilibrio presupuestario.

El “déficit cero” estructural y el valor de referencia de la deuda pública en el 60% del PIB serán los principios rectores de lo que ahora se entiende como estabilidad presupuestaria, cuando se complete el periodo transitorio hasta 2020. El caso es que todos estos límites son arbitrarios y tienen poco sentido desde el punto de vista macroeconómico porque sus potenciales efectos sobre la economía y el empleo sólo pueden ser negativos. La crisis ha disparado el déficit y la deuda, alimentada también por los rescates al sector privado, y muchas Administraciones tienen serios problemas de solvencia. Fijar la prioridad en los ajustes presupuestarios, sin reformas de calado en los ingresos públicos, conducirá a recortes en el gasto social, al deterioro de los servicios públicos y a la destrucción de empleo público.

De la misma forma, el resto de reformas estructurales publicitadas para mejorar la competitividad y el acceso al crédito no están redundando en el crecimiento de nuestra economía y en la reducción del desempleo.

La regresiva reforma del mercado de trabajo modifica el marco laboral para que las empresas dispongan de instrumentos suficientes para imponer condiciones de trabajo y salarios a la baja. Pero esto sólo puede reproducir acentuándolo un modelo económico que ya dábamos por agotado, por insostenible. Seguir centrando los cambios en los aspectos laborales y no en el modelo productivo es un error, porque las relaciones laborales son consecuencia en gran medida del modelo productivo y se acaba por renunciar a articular medidas para permitir la transición hacia el desarrollo de un modelo productivo más diversificado y eficiente.

En todo caso, siendo evidente que la salida de la crisis no va a depender de políticas laborales, lo acuciante es revitalizar la inversión pública e impedir que el ajuste fiscal programado por el Gobierno deprima la economía, perjudique la creación de empleo y acabe por generar más dificultades a la hora de reducir el déficit público. Recuperar la normalidad en el crédito es también una condición necesaria para lo cual se necesitan instrumentos financieros públicos, porque la reforma del sector financiero no ha conseguido que el crédito llegue a las familias y a las empresas más necesitadas de financiación.

Unos Presupuestos que deprimen la economía y aumentan el desempleo.

Ese es el contexto en el que se van a aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2012, considerando además que los Presupuestos de 2011 se prorrogaron por la convocatoria de elecciones generales. El déficit del conjunto de Administraciones Públicas para 2011 se ha situado en el 8,5% del PIB y el objetivo del Gobierno, después de ciertos devaneos con la Comisión Europea, es situar el déficit en el 5,3% del PIB para 2012 manteniendo el compromiso de reducirlo al 3% del PIB en 2013.

Con estos planteamientos, la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas se piensa reducir globalmente en 2012 en 3,2 puntos de PIB, lo que significa un ajuste de algo más de 34.000 millones de euros. Ese recorte ya lleva implícito un ajuste en la disponibilidad de créditos de los Presupuestos prorrogados por valor de 8.915 millones de euros y de más ingresos por valor de 6.000 millones de euros, en particular por el gravamen complementario, temporal y progresivo en el IRPF. Y también forma parte del ajuste el anuncio del Gobierno, poco después de presentar los Presupuestos, de un recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación que deberá ser ejecutado por las Comunidades Autónomas.

El déficit público y las variaciones en los activos financieros provocan que, según el Gobierno, la deuda pública aumente desde el 68,5% sobre el PIB a finales de 2011 al 79,8% en 2012. Niveles que, en todo caso, se sitúan muy por debajo de la media de la zona euro, donde se registrará una deuda pública del 90,4% del PIB en 2012.

El escenario macroeconómico que acompaña a los Presupuestos es desolador. La evolución de la economía española en 2012 estará fundamentalmente determinada por el comportamiento de la demanda interna y ésta recibirá una influencia contractiva por el profundo recorte fiscal. Según las previsiones del Gobierno el gasto en consumo final descenderá un 3,1% en 2012 por el ajuste fiscal y la destrucción de empleo, la formación bruta de capital caerá un 8,8% también influida por el ajuste en la inversión pública y como resultado de ello, la demanda nacional disminuirá un 4,4%. Considerando la aportación positiva del sector exterior, el resultado final es una disminución prevista del PIB del 1,7%.

Es decir, el primer efecto de estos Presupuestos es que contribuyen de forma destacada a llevar a la economía a una nueva recesión. Y por extensión, a una destrucción de empleo del 3,7% cifrada en 631.100 ocupados menos y a un aumento del paro en 600.000 personas. Estamos hablando de una previsión de 5.601.800 personas desempleadas en 2012, lo que significa el 24,3% de la población activa.

Y estas son las previsiones del Gobierno, que algunos analistas consideran elaboradas con cierto optimismo y que incluso el FMI cuestiona abiertamente. Porque es probable que el ajuste presupuestario tenga un impacto negativo superior sobre la demanda interna, el crecimiento del PIB y el empleo, y por tanto, sobre los ingresos públicos, acabando por provocar más déficit público.

Medidas insuficientes por el lado del ingreso y una inaceptable amnistía fiscal.

Los ingresos acusan las consecuencias del escenario recesivo previsto en los Presupuestos pero, depurando el efecto de los sistemas de financiación de las Administraciones Territoriales, los ingresos del Estado se estima que crecen por encima del 6% como consecuencia de medidas discrecionales que afectan a los principales tributos. En lo que respecta a la Seguridad Social, los ingresos por cotizaciones sociales disminuyen un 3,9% como consecuencia de la destrucción de empleo prevista.

Según el Gobierno, las actuaciones discrecionales por el lado de los ingresos públicos supondrán unos 12.300 millones de euros. Como ya se ha comentado, un primer grupo de medidas significa la aplicación durante 2012 y 2013 de un gravamen complementario, temporal y progresivo en la cuota del IRPF y un gravamen complementario para las rentas del ahorro. Se estima un incremento de los ingresos por estas actuaciones de 4.100 millones de euros.

También se introducen medidas que afectan al Impuesto sobre Sociedades aumentando la tributación al limitar la deducción del fondo de comercio, modificar el cálculo del pago fraccionado de grandes empresas, limitar la deducción de los gastos financieros, establecer un gravamen especial para rentas procedentes del extranjero y limitar la libertad de amortización. Se estima que estas medidas aumentarán la recaudación en 5.350 millones de euros.

Otros cambios normativos que producirán ingresos adicionales remiten al Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco y a la Tasa sobre el Ejercicio de la Potestad Jurisdiccional.

Adicionalmente se aprueba lo que el Gobierno denomina “programa extraordinario para incentivar que los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes regularicen su situación tributaria”, que se estima supondrá unos ingresos de unos 2.500 millones de euros. Es decir, una amnistía fiscal por la que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el fisco pagando un 10% y evitando intereses, recargos y sanciones.

Esta amnistía supone un agravio comparativo para los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y choca frontalmente con una política contundente de lucha contra el fraude fiscal porque será tan ineficaz para aflorar economía sumergida como ya lo fueron anteriores amnistías. En realidad, esta medida supone a efectos prácticos el reconocimiento implícito del Gobierno sobre la incapacidad de la Agencia Tributaria para luchar con garantías contra el fraude. Entre 1980 y 2008 la bolsa de fraude se ha multiplicado por cuatro hasta alcanzar un volumen que puede estimarse en unos 245.000 millones de euros anuales, lo cual representa una recaudación potencial de impuestos de unos 89.000 millones de euros.

Las medidas en el Impuesto sobre Sociedades son positivas pero insuficientes porque no terminan con la falta de equidad en el tributo, ya que las empresas de mayor dimensión continuarán disponiendo de múltiples vías de escape para tributar de forma efectiva muy por debajo del 20%. En este tributo podría elevarse el tipo impositivo hasta el 35% para bases imponibles que superen el millón de euros logrando una recaudación adicional que podría rondar los 14.000 millones de euros. Sería una medida coherente con la subida de los tipos marginales en el IRPF.

El IRPF necesita una reforma estructural, no medidas temporales y extraordinarias aunque sean positivas al mejorar la progresividad. Porque es preciso recuperar el carácter sintético del tributo integrando todos los rendimientos del contribuyente en una única base para corregir el sesgo favorable hacia las rentas del capital. En esa reforma puede asegurarse la progresividad de las tarifas ajustando la amplitud de los tramos y con tipos más elevados para los contribuyentes de mayor capacidad económica.

El Gobierno no ha abordado uno de los retos fundamentales de este país, como es la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal en profundidad para corregir de manera estable los desequilibrios e inequidades de nuestro sistema tributario. En este sentido, ha renunciado a aplicar de manera decidida medidas de fiscalidad ambiental que contribuirían a aumentar los ingresos en nuestro país y a impulsar el cambio de modelo productivo para desarrollar una economía sostenible, que internalice los costes de las actividades que generan daños que repercuten negativamente en el medio ambiente y también en los bienes públicos y en la salud de nuestros ciudadanos. España se sitúa en la cola de la UE en el desarrollo de la fiscalidad ambiental a la vez que nos alejamos de las políticas y objetivos medio ambientales que fija Europa. Es injusto e ineficiente desde el punto de vista económico que estos Presupuestos no incluyan nuevas figuras impositivas sobre la energía nuclear, los residuos radioactivos o las emisiones difusas de CO2.

Un ajuste en el gasto público que deprime la inversión, agudiza el retroceso social y deteriora los servicios públicos.

Se produce un intenso recorte en materia de inversión pública, una herramienta imprescindible para la recuperación de nuestra economía, la creación de empleo y el cambio de modelo productivo. El Sector Público Estatal disminuirá la inversión real en un 25% con un impacto territorial desigual pero demoledor. Aún más, el Gobierno no destina ni un solo euro a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña e Illes Balears para dar cumplimiento a lo establecido en materia de inversiones en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Pero incluso dentro de ese ajuste, la composición del mismo es desequilibrada porque todavía existen ejes prioritarios incompletos, en muchos casos con una elevada siniestralidad, y zonas del interior peninsular que quedan alejadas de los grandes ejes de comunicación, fruto de una concepción de las infraestructuras basada en una red radial frente a un modelo que reclamamos en forma de malla, sin duda más sostenible y equilibrado para el territorio y para la inversión pública.

Así, el Ministerio de Fomento y sus organismos públicos empresariales prevén invertir 11.900 millones de euros a medio plazo en grandes obras de infraestructuras como autovías o líneas de alta velocidad, a pesar de no existir, en algunos casos, demanda suficiente para justificar dicho gasto y de existir muchas dudas sobre su impacto en el desarrollo de la economía y la creación de empleo. En 2012 se invertirán 4.187,7 millones de euros en nuevos tramos de alta velocidad ferroviaria frente a los 28,5 millones de euros previstos para las cercanías, mucho más utilizadas por la ciudadanía. De la misma forma, está previsto gastar 1.280 millones de euros en construcción de más carreteras, a pesar de que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas.

En materia de agricultura, si bien son positivos los objetivos establecidos como garantía de rentas, seguridad alimentaria y calidad de los alimentos, la priorización de éstos no concuerda con las asignaciones presupuestarias. Se recortan las partidas de competitividad y calidad de la producción agrícola y ganadera, los controles en frontera, la previsión de riesgos y el asociacionismo agrario. La partida de agricultura ecológica disminuye un 20%. Dado el potencial de este modelo de agricultura para contribuir a objetivos productivos y ambientales, incluso en lo referente a creación de empleo verde, parece un contrasentido ir destinando cada vez menos fondos a esta política. Más aún cuando el potencial de extensión de este tipo de agricultura en España es inmenso, dadas nuestras condiciones agroclimáticas.

La importancia de la política industrial sobre la generación de actividad y el apoyo al desarrollo industrial, en particular, en las regiones en especial situación de desempleo industrial, no encuentra reflejo en estos Presupuestos. El programa relativo a la “Reconversión y reindustrialización” disminuye un 18,4% y el de “Desarrollo Industrial” lo hace en un 27,7%. Y los recursos del programa para el desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras se reducen en un 71,7%.

La política de turismo sufre un recorte superior a los 285 millones de euros, tanto en el programa "Coordinación y promoción del turismo”, como en el Fondo Financiero para Modernización de Infraestructuras Turísticas. Trabajar por mejorar la calidad del turismo, abrir vías para superar la estacionalidad y fomentar un desarrollo sostenible son elementos claves de generación de ingresos y de creación de puestos de trabajo.

En materia de investigación los peores pronósticos se han cumplido y el mayor ataque al sistema científico técnico español en la historia de la democracia está plasmado en estos Presupuestos. Un recorte del 25,5% en el total de la Función que se agudiza hasta el 26,1% en las operaciones no financieras, o sea, en el gasto real en I+D. El ajuste se lo lleva básicamente el capítulo de transferencias de capital con un 34% de recorte. Este capítulo incluye el Plan Nacional de I+D+i, herramienta fundamental de financiación del sector público de la investigación, las cuotas a organismos internacionales y los programas de recursos humanos, como el Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o las becas/contratos FPI. Se reducen también de forma drástica las ayudas a Centros Tecnológicos de las Comunidades Autónomas.

El recorte también es severo en sanidad y servicios sociales. La sanidad dispondrá de un 13,7% menos de presupuesto recortando por valor de 365 millones de euros y en dependencia se elimina totalmente el nivel convenido para el que se disponía en el ejercicio anterior de 283 millones de euros. Es una irresponsabilidad que estos Presupuestos supriman las ayudas al Plan Nacional del Sida destinadas a las Comunidades Autónomas y reduzcan en más de 5 millones de euros las destinadas a ONGs, incumpliendo de esta manera los compromisos internacionales en la materia.

En materia de educación, el recorte general en todas las partidas ministeriales no sólo se ha traducido en que la educación tiene un 21,9% menos de dinero que el año pasado, 623 millones de euros menos, sino que además ha perdido peso específico en el conjunto presupuestario. Las habituales apelaciones a que la educación es el mejor camino para salir de la crisis y para impulsar un empleo cualificado y una economía más estable, la que llaman “economía del conocimiento”, no ha tenido reflejo en las cuentas de 2012. La inversión en educación ha pasado de constituir el 0,9% del gasto total a instalarse en el 0,7%.

La reducción en Ayuda Oficial al Desarrollo supera el 45% (1.631 millones de euros menos que en 2011) situando la previsión para este año en el 0,24% del PIB, alejándonos del 0,7% en 2015 comprometido en el Pacto de Estado contra la Pobreza. La cooperación internacional no debe someterse a la inestabilidad en función de excedentes, requiere de un compromiso social y no de la caridad. El recorte de este año se suma a los más de 1.000 millones de euros de reducción que se hicieron en el 2011, provocando un desmantelamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Además, cabe destacar que del total de fondos destinados a Ayuda Oficial al Desarrollo un 58% estará gestionado por el Ministerio de Economía y Competitividad, aumentando el endeudamiento de los países y vinculando la ayuda a intereses no solidarios.

Las ayudas directas para el acceso a la vivienda se reducen en 322 millones de euros mientras se recupera plenamente la deducción por inversión en la vivienda habitual en el IRPF, incentivo fiscal que contribuyó en su medida a la explosión del sector del ladrillo y a la burbuja inmobiliaria, y que constituye una pérdida de recursos públicos nada despreciable.

La inversión en políticas de igualdad se reduce sustancialmente y no existe la especificidad necesaria para actuar contra todo tipo de discriminación por razón de sexo, al diluirse entre políticas generalistas que poco o nada contribuyen a ello. Se recorta un 21% la partida total para igualdad y contra la violencia de género.

Los empleados públicos ven congeladas sus retribuciones un año más y tras la reducción media del 5% en 2010, acumulan ya una pérdida del poder adquisitivo de más del 30% desde enero de 1991. Además se produce una reducción de las plantillas de personal por la no reposición de efectivos en términos generales, limitando la Oferta de Empleo Público al 10% de la tasa de reposición de efectivos exclusivamente en los ámbitos de educación, centros hospitalarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de lucha contra el fraude fiscal, eliminando el resto de vacantes que se produzcan, lo que supondrá la destrucción de más de 17.000 empleos públicos, muchos de ellos en servicios esenciales. La disminución y envejecimiento de las plantillas, junto con los recortes indiscriminados en los gastos de funcionamiento e inversiones de los servicios públicos, va a agudizar su actual deterioro.  La prestación de los servicios públicos con la calidad necesaria para el sostenimiento de un estado social resulta imposible en este marco presupuestario. La vía adoptada por el Gobierno de externalizar funciones y servicios propios de las Administraciones Públicas, supone, además de un incremento innecesario del gasto, una transferencia encubierta de recursos públicos al sector privado.

A pesar de que el sector cultural es un generador neto de ocupación y aporta aproximadamente el 4% del PIB, se registra un descenso del 15,1% (937 millones de euros menos) evidenciando la renuncia al derecho universal a la cultura y la apuesta por la diversidad, poniéndola en manos del sector privado y apostando por un modelo vinculado al mercado y al negocio. No se apuesta por los contenidos, la accesibilidad en todos los sentidos, incluido el tecnológico, la creación como motor y la diversidad como valor. Se consolida el recorte en las garantías de derechos de la ciudadanía y no se avanza en el control democrático de la gestión de las políticas culturales y de los derechos de autor. Así, se recorta en un 36% el presupuesto del Instituto de Cinematografía y Artes Visuales y se eliminan 6 líneas de apoyo al desarrollo de proyectos, creación de guiones y nuevas tecnologías.

Por último, desciende el presupuesto para políticas activas de empleo en un 21,3%, dificultando la formación de las personas desempleadas y, por tanto, sus posibilidades de recolocación. Y en lo que respecta a las prestaciones económicas por desempleo, su dotación disminuye un 5,4% pese al aumento del paro. Según las estimaciones del Gobierno, en 2012 los perceptores de prestaciones por desempleo (nivel contributivo, asistencial y renta activa de inserción) disminuirán en un 6,5%.

Unos Presupuestos antiecológicos, antiguos y miopes ante los retos del siglo XXI.

Estos presupuestos marginan al medio ambiente en todos sus aspectos entrando en grave contradicción con los retos mundiales a abordar, como son el  cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del agua, aire y suelo y el agotamiento de los recursos naturales, olvidando que la protección medioambiental forma parte de la salida a la crisis y obviando el incremento de ingresos mediante la aplicación de una fiscalidad ambiental.

La prevención de la contaminación y el cambio climático registra un descenso del 48%. De los 52,8 millones de euros que se destinan, 42 millones se dedican a comprar íntegramente derechos de emisión, manifestando una gran miopía desde el punto de vista económico y medioambiental por su afectación a sectores clave como el turismo o la agricultura.

En política energética se anulan las políticas de fomento a las energías renovables y las ya escasas políticas de ahorro y eficiencia energética, dejando en 2 millones de euros los recursos del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético. Así, el desarrollo energético pasa a ser la última política quedando por primera vez por detrás en inversiones del apoyo al sector del carbón y de las políticas dirigidas a la energía nuclear.

España es un país muy vulnerable en cuestiones energéticas si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes de energía que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente dependientes, aumentan las emisiones y tienen impacto en la seguridad y en el medio ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las energías renovables que son la única garantía de abastecimiento de energía en el futuro y del que España puede ser pionera por contar con un entorno favorable y con la tecnología adecuada. La penalización al sector de las renovables está hipotecando el futuro energético, conlleva el incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la economía verde.

La dotación para desarrollo rural sostenible se reduce en un 85,6% imposibilitando la cofinanciación de acciones clave para la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad. También es perjudicial el descenso en materia de residuos, sector clave para la creación de empleo, y cuya dotación a las Comunidades Autónomas afectará al desarrollo de la legislación vigente.

Las actuaciones para hacer frente a uno de los ecosistemas más frágiles del país, las costas, disminuyen en un 36%. Se destinan 43,2 millones de euros menos a inversiones de protección del litoral. También el programa de calidad del agua se reduce el 25%, principalmente por la caída de inversiones en la mejora del estado de la calidad de las aguas y ecosistemas asociados y en la mejora de su gestión.

Unos Presupuestos oportunistas al servicio de la recentralización del Estado.

Uno de los objetivos de estos Presupuestos es contribuir al proceso de recentralización política que el Gobierno está imponiendo por la puerta de atrás. En lugar de afrontar el debate sobre la organización territorial del Estado, el Gobierno ha optado por una vía de hechos consumados: asfixiar financieramente a las Comunidades Autónomas y a los Entes Locales y eliminar competencias por vía de Reales Decretos con reformas estructurales. Así pues, estos Presupuestos, sumados a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, dejarán en una situación financiera crítica a las Administraciones que desarrollan la mayoría de las políticas sociales.

Por ello, estos Presupuestos son oportunistas y aprovechan los argumentos de la consolidación fiscal para recentralizar, en lugar de optar por la cooperación entre administraciones. Esto les hace ser unos Presupuestos más ineficientes ya que la obsesión por la España radial les lleva a planificar las Inversiones con una lógica política en lugar de hacerlo pensando en la recuperación económica y en asentar las bases para el desarrollo económico sostenible en el futuro.

La obsesión centralista llega a extremos inadmisibles en cuanto a políticas activas de ocupación. Si el desempleo es el principal problema político y la lucha contra el paro la principal batalla que debería presentar los Presupuestos Generales del Estado, es injustificable que los recortes presupuestarios afectan a un 97% de las políticas de fomento del empleo de los Entes Locales: planes de empleo y medidas de desarrollo local a través de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Del mismo modo, los recortes en las transferencias a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de las políticas ocupacionales son de un 55%, pasando de 3.192 millones de euros en 2011 a 1.455 millones de euros, lo que puede conllevar el desmantelamiento de políticas ocupacionales imprescindibles en una situación de crisis como la actual. La atención a la dependencia y la salud pública son otras de las políticas desarrolladas por las Comunidades Autónomas que quedarán fuertemente afectadas por los incumplimientos del Estado.

Otro elemento que caracteriza estos Presupuestos es la falta de lealtad institucional. El flagrante incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera y el impago del Fondo de Competitividad, instrumentos previstos en el Estatut d’Autonomia de Catalunya, sumados al hecho de que no se consignen partidas presupuestarias de políticas cofinanciadas entre el Estado y las Comunidades Autónomas o Entes Locales, o el impago de las deudas del Estado con otras administraciones, son una prueba de ello. Un ejemplo es la ridícula inversión de un millón y medio de euros en las cercanías ferroviarias en Barcelona, que se acumula al agravio histórico.

En suma, estos Presupuestos, que han sido presentados por el propio Gobierno como los más restrictivos de la democracia, son regresivos socialmente, deprimen la economía y contribuyen a aumentar el desempleo. Y por si fuese poco, van acompañados de una amnistía fiscal renunciando a luchar activamente contra el fraude.

Es preciso procurar una mayor justicia fiscal para que quién más capacidad económica tenga contribuya en mayor medida al sostenimiento del gasto público a través de los impuestos. El fraude fiscal es un auténtico insulto hacia quienes cumplen con sus obligaciones tributarias. Y en España el 70% del fraude se concentra en las grandes empresas y fortunas.

Equipararnos en contribución fiscal a la media de los países que conforman la zona euro y una gestión más razonable de los desfases presupuestarios, permitiría contar con recursos públicos suficientes para estimular la economía, crear empleo y recortar la brecha social que nos separa de Europa.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, con esta enmienda a la totalidad rechaza estos Presupuestos y pide la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley.