Izquierda Unida prepara una reunión de trabajo, coordinada por la Secretaría Federal de Economía de la que es responsable José Antonio García Rubio, con los responsables económicos de sus federaciones para analizar la segunda reforma del sistema financiero aprobada por el Gobierno y las consecuencias directas que para la ciudadanía tendrán los precipitados cambios ocurridos en Bankia y la decisión de nacionalizarla de forma parcial.

En concreto, debido precisamente al caso de Bankia, se espera especialmente la participación en esta reunión que se celebrará en los próximos días de los dirigentes de las secretarías de las seis federaciones en la que estaban radicadas las siete cajas de ahorros –Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja de La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia- fusionadas en el verano de 2010 a través del Sistema Integral de Protección (SIP) en la entidad bancaria con graves problemas por su exposición a activos inmobiliarios depreciados.

Además de profundizar en la respuesta común que desde todas las federaciones de Izquierda Unida se viene dando desde el primer momento a la situación de Bankia, en el encuentro se quieren estudiar aquellos temas importantes que el Gobierno del PP parece haber relegado a un segundo plano en su nueva e improvisada reforma, tres meses después de la anterior, del sistema financiero: en qué situación quedan los más de 10 millones de clientes de Bankia, cómo va a afectar esta situación a los miles de trabajadores de la entidad bancaria, el control final de esos fondos públicos que se van a destinar a este proceso de saneamiento que sigue sin reconocer el Ejecutivo, o qué va a pasar con los pequeños inversores con acciones de Bankia que no tenían intenciones especulativas.

Izquierda Unida seguirá defendiendo que con la nacionalización efectiva de Bankia se dan las mejores circunstancias para impulsar su propuesta de creación de un polo de Banca Pública constituido, en un primer momento, con aquellas entidades que ya están recibiendo ayudas del Estado a través del FROB, que serviría como instrumento fundamental para dar la vuelta a la actual situación de ahogamiento del crédito a las familias y a las pymes.

Esta Banca Pública serviría también para la creación de un parque de vivienda de alquiler a precios moderados a través de una gestión económica y socialmente sostenible de los activos inmobiliarios en poder de estas entidades bancarias tras el estallido de la ‘burbuja inmobiliaria’.


(En la foto, imagen de la campaña de las últimas elecciones generales)