IU presenta una proposición de ley orgánica que plantea el endurecimiento de penas para corruptos y corruptores, y transparencia en la financiación

El coordinador federal de IU emplaza de forma especial al PP a permitir la toma en consideración si quiere demostrar “que tiene una voluntad real de tomar medidas” para acabar con una lacra que “invade España y socava las bases de la democracia”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados la proposición de ley orgánica para luchar contra la corrupción que ha elaborado su grupo parlamentario. Esta es la iniciativa más completa elaborada en las últimas legislaturas por una formación parlamentaria y completa las que IU ha registrado en las últimas semanas a raíz del estallido y las nuevas revelaciones del ‘caso Bárcenas’. La contabilidad paralela del ex tesorero y ex senador del PP vincula a esta formación y a su cúpula directiva con supuestos cobros de sobresueldos en ‘negro’ y con una presunta financiación irregular del partido.

Lara explicó de forma resumida que en la proposición de ley se plantean reformas importantes de varias leyes –la de Financiación de Partidos o el Código Penal, entre otras- para “endurecer las penas de prisión e inhabilitación para los políticos corruptos y también para los empresarios que los corrompen, así como una batería de propuestas para que la financiación sea más transparente, más clara y nadie se pueda aprovechar del dinero público”. 

Además de esta proposición de ley, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA ha registrado, conjuntamente con el Grupo Mixto, la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre la corrupción política y “sus vinculaciones con la financiación irregular e ilegal de los partidos políticos”.

El máximo responsable de IU ha mostrado su confianza en que esta iniciativa no sea rechazada de inicio por el resto de grupos y que así se pueda abrir un “debate nacional sobre la corrupción” en un momento crítico de “degradación de la política y de los políticos”.

Emplazó de forma especial al PP a permitir la toma en consideración de esta proposición si quiere demostrar “que tiene una voluntad real de tomar medidas” para acabar con una lacra que “invade España y socava las bases de la democracia”.

Cayo Lara responsabilizó al Gobierno del PP de que con su inacción en el ‘caso Bárcenas’ y la falta de medidas concretas contra la corrupción, lo que calificó como su “posición del avestruz” en esta materia, contribuye a que pueda darse un “estallido social” como respuesta.

“El Gobierno –dijo- está propiciando que se puedan producir situaciones, no sabemos cómo, pero de estallido social. La gente está muy harta en este país y hay un importante deterioro social”.

Respondió a los periodistas que, a falta de la decisión oficial que tome la dirección de IU, esta organización apoyará las movilizaciones que se convoquen para protestar contra la corrupción, especialmente la que ya han planteado varios colectivos sociales, también contra los recortes, para el próximo 23 de febrero.

Lara ha insistido en que si se confirma que altos cargos del PP, entre ellos Mariano Rajoy, recibieron sobresueldos en ‘negro’, el presidente del Gobierno debe dimitir de inmediato y convocar elecciones anticipadas. Del mismo modo, ha descartado presentar por ahora una moción de censura.

Entrando ya en la materia concreta de la proposición de ley orgánica registrada hoy en el Congreso, ésta busca legislar en cuatro sentidos: endurecimiento de penas y mejor tipificación de los delitos relacionados con la corrupción; mejorar la transparencia en la gestión y la contratación pública; mayor control y restricción para las donaciones privadas a los partidos y consensuar reformas legales en los procesos urbanísticos susceptibles de generar plusvalías.

Entre los delitos cuyas penas se busca endurecer están los vinculados con el urbanismo, malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y cohecho impropio.

Se plantea también una profunda reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos para que no puedan recibir directa o indirectamente donaciones de personas o empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para el sector público.
La PL rebaja el tope máximo para las donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica y establece en 500.000 euros el valor máximo anual de las donaciones en especie o en bienes inmuebles.

Izquierda Unida apuesta por limitar el coste de las campañas electorales y se tenga que garantizar al Tribunal de Cuentas que la condonación de deudas a los partidos por parte de entidades bancarias o proveedores privados no obedezcan en ningún caso a un intercambio de favores.

La iniciativa propone también un aumento de la transparencia de los bienes y actividades de todos los cargos públicos, incluidos los de las corporaciones locales. Para ello, se reclama que se haga público el registro de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración. Esta medida también abarcaría a los concejales de los ayuntamientos, que deberían publicar su declaración de incompatibilidades en la página web del consistorio.

Además de la reforma del Código Penal, la iniciativa parlamentaria presentada por Lara establece cambios en la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica y la ley de Contratos del Sector Público y la Ley del Suelo aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008.

Cayo Lara trasladó que buena parte de los problemas de corrupción provienen de la inadecuada financiación pública de los partidos, que arrastra a determinadas formaciones a “abrir la puerta de atrás” a las empresas.

(Como archivo adjunto, Proposición de Ley Orgánica para la lucha contra la corrupción)

(En la foto, Cayo Lara en rueda de prensa en el Congreso)