El Gobierno reconoce a IU que no va a "interponer acciones legales" contra la princesa Corinna pese a sus "informaciones inveraces" sobre que hizo trabajos sensibles y clasificados

En sendas respuestas escritas a preguntas planteadas por los diputados José Luis Centella y Alberto Garzón señala que “interponer acciones judiciales supone utilizar los medios jurídicos del Estado, algo que el Gobierno sólo hace en favor del interés general y, en ningún caso, para realizar desmentidos”

Al Gobierno de Mariano Rajoy no le importan las supuestas mentiras que Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del rey Juan Carlos y más conocida como princesa Corinna, ha lanzado públicamente cuando afirmó a diversos medios que hizo trabajos sensibles para el Estado español e intervino como mediadora en distintas operaciones comerciales internacionales. Así lo señala el Ejecutivo del PP a Izquierda Unida por partida doble en sendas respuestas por escrito remitidas a los diputados José Luis Centella y Alberto Garzón.

Concretamente, el Gobierno dice tajante que “desmiente las informaciones inveraces que le afectan” en relación a que la princesa Corinna hubiera realizado algún trabajo por encargo del Ejecutivo. A continuación, zanja la cuestión sobre si piensa emprender alguna acción legal contra la amiga del jefe del Estado de esta escueta forma: “Interponer acciones judiciales supone utilizar los medios jurídicos del Estado, algo que el Gobierno sólo hace en favor del interés general y, en ningún caso, para realizar desmentidos”. Problema resuelto.

Centella, en su pregunta, había reclamado conocer directamente si “¿tiene el Gobierno previsto iniciar actuaciones judiciales contra la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein por afirmar que ha realizado trabajos gratis para el Gobierno de España, en asuntos clasificados, delicados y confidenciales, toda vez que esta afirmación ha sido desmentida por el Gobierno?”

Tanto el portavoz parlamentario de IU en el Congreso como el diputado Alberto Garzón plantearon sus preguntas el 20 de marzo pasado, tras la comparecencia a puerta cerrada del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán, ante la comisión de secretos oficiales de la Cámara Baja, en la que quedaron muchas cuestiones por aclarar al no ser de su competencia.

Tras conocer esta respuesta, José Luis Centella afirma que la actitud del Ejecutivo del PP “supone una clara dejación de sus responsabilidades. Consentir que alguien, por muy amiga del rey que sea, declare supuestamente de forma falsa que trabaja para el Gobierno de España, que lo hace de forma confidencial y en asuntos clasificados, supone una usurpación de tareas propias del Gobierno, con lo que el solo desmentido no basta. Debería acompañarse de las correspondientes actuaciones judiciales para clarificar la responsabilidad de quien se arroga la representación del Estado”.

“Esta negativa del Gobierno del PP a utilizar los medios jurídicos del Estado –detalla Centella- supone que éste reconozca que no quiere entrar en un asunto que puede poner en cuestión entramados donde los privado y lo público se han podido mezclar. Para IU, resulta evidente que aclarar el papel que la señora Corinna ha jugado en ciertas negociaciones tiene que ver con el interés general y con una transparencia imprescindible para conocer quién puede actuar en nombre del Estado”.

José Luis Centella valora que la escueta respuesta de tres líneas del Gobierno “donde ni siquiera se cita el nombre de quien es objeto de la pregunta, evidencia el camino elegido por el Gobierno de Rajoy de mantener zonas oscuras en torno a la Casa Real y las relaciones del propio Ejecutivo. No es de recibo, y vamos a insistir en ello en próximas iniciativas, que desde Moncloa nos respondan que no ha existido ninguna relación con la señora Corinna y, al mismo tiempo, miembros de ese mismo ejecutivo reconozcan que se han reunido en varias ocasiones con ella. Si quieren seguir hablando de transparencia, aquí tienen un buen tema por el que empezar”.

Esta no es la primera vez que desde el Ejecutivo se elude explicar cuestiones relacionadas con la amiga del rey. A comienzos de abril, envió varias respuestas al diputado Ricardo Sixto en las que éste se interesó, entre otros asuntos, si “¿usa en la actualidad o ha usado esta señora recursos del Estado, como por ejemplo vivienda, parque móvil o servicios de secretaría? En su caso ¿qué ministerios se han hecho cargo de estos gastos?”.

El Gobierno contestó: “Respecto al uso de medios del Estado como vehículos u otros medios, éstos se asignan a las autoridades y altos cargos establecidos en la normativa reguladora correspondiente en función de sus responsabilidades oficiales”.

Sixto preguntó también si Corinna había utilizado “alguno de los alojamientos situados dentro del recinto de El Pardo cuyo mantenimiento y gastos corren a cargo del erario público”.

“La Ley 23/1982, de 16 de junio, de Patrimonio Nacional, define e identifica los bienes integrantes del mismo como los afectados al uso y servicio de la Jefatura del Estado. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional tiene legalmente encomendada la conservación, mantenimiento, mejora, administración y seguridad de todos estos bienes”, fue la respuesta genérica esgrimida.