Eurodiputados y eurodiputadas de 11 estados miembro de la UE solicitan a Mariano Rajoy la extradición de los torturadores franquistas

A iniciativa de los eurodiputados Raül Romeva (ICV) y Willy Meyer (IU), veintiocho eurodiputados y eurodiputadas de 11 Estados miembros de la UE y pertenecientes a cuatro grupos parlamentarios diferentes (GUE/NGL, Verdes/Ale, S&D y ALDE), enviaron hoy una carta al Presidente Rajoy solicitándole la extradición de los torturadores franquistas como respuesta a la solicitud hecha por la magistrada argentina, María Servini de Cubría, en el marco de la querella 4591/10, por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los  responsables de la conculcación de los derechos humanos durante el franquismo.

"La Ley de Amnistía se pensó para que los presos políticos pudieran salir a la calle, no para lo que la está usando el PP, la derecha española y los poderes fácticos: tapar los crímenes contra la humanidad, esconder las torturas y condenar a la injusticia del olvido y del silencio a los cientos de miles de personas represaliadas, torturadas y asesinadas por el fascismo franquista", declaró el eurodiputado de IU, Willy Meyer.

Por su parte, el también impulsor de la iniciativa, Raül Romeva, eurodiputado de ICV, señaló la importancia de esta carta al afirmar que "sin justicia no puede haber reconciliación" y, en línea con lo expresado en la carta, señaló: "el Gobierno, jueces y fiscales de España deben dejar de obstaculizar la actuación de la justicia argentina y deben proceder con la extradición de los dos torturadores vivos".

Además, de exigir la extradición, en la carta los 28 eurodiputados firmantes exigen al Gobierno de Mariano Rajoy 'que se sigan las recomendaciones de la ONU y  ratifique la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad'. Asimismo, hace un llamamiento para que se garantice 'el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del franquismo'.

La carta, que ha recibido en apenas una semana el apoyo de 28 diputados y diputadas de la eurocámara, forma parte de una batería de iniciativas que los eurodiputados impulsores de la misma piensa llevar a cabo a nivel europeo para acabar con el silencio y la impunidad del franquismo.

Entre los firmantes hay representantes europeos de Estados miembros como España, Grecia, Alemania, Irlanda,  Bélgica, Suecia, Portugal, Dinamarca, Italia, Francia o Austria y de los grupos parlamentarios de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL), Verdes/Alianza Libre Europea (Verdes/ALE), Socialistas y Demócratas (S&D) y Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE).

Firmantes:

Raül ROMEVA (Verdes/ALE);   Willy MEYER (GUE/NGL);     Dolores GARCÍA (S&D);   Ramon TREMOSA (ALDE);    Nikos CHRYSOGELOS (Verdes/ALE); Helmut SCHOLZ (GUE/NGL);  Paul MURPHY (GUE/NGL); Iñaki IRAZABALBEITIA (Verdes/ALE);  Bart STAES (Verdes/ALE);  Mikael GUSTAFSSON (GUE/NGL);  Marisa MATIAS (GUE/NGL);  Alda SOUSA (GUE/NGL);  Izaskun BILBAO (ALDE);  Jürgen KLUTE (GUE/NGL);  Søren SØNDERGAARD (GUE/NGL);  Sabine WILS (GUE/NGL);  Rui TAVARES (Verdes/ALE);  Vicente  GARCÉS (S&D); Gianni VATTIMO (ALDE);  Andres PERELLO (S&D); Sabine LÖSING (GUE/NGL);  Gabi ZIMMER (GUE/NGL); Margrete AUKEN (Verdes/ALE);  François ALFONSI (Verdes/ALE);  Ulrike LUNACEK (Verdes/ALE); Catherine GRÈZE (Verdes/ALE);  Heide RÜHLE (Verdes/ALE); Ana GOMES (S&D)

Texto íntegro de la carta:

Carta abierta de Eurodiputados y eurodiputadas al Presidente Mariano Rajoy para que ejecute la orden de extradición de los torturadores franquistas

Vista la Querella 4591/10, del  Juzgado Nº 1 de Buenos Aires, República Argentina, que  lleva adelante la magistrada María Servini de Cubría por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los  responsables de la conculcación de los derechos humanos  durante el franquismo. Sabiendo que dicha querella comenzó su andadura el 14 de abril de 2010 gracias a la denuncia efectuada por Darío Rivas Cando e Inés García Holgado, descendientes de represaliados junto con la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica en la búsqueda de la justicia universal fuera de las fronteras españolas.

Conociendo que la jueza María Servini de Cubría dictó a partir de la Querella 4591/10 la orden internacional de detención preventiva con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, acusados de torturas constitutivos de crímenes de lesa humanidad durante el régimen del franquismo.

Posteriormente, la Audiencia Nacional Española comunicó a través de Interpol que dos de los reclamados habían fallecido, pero aún no se ha detenido a los dos que aún viven (Jesús Muñecas y José Antonio González Pacheco). Sin embargo, la fiscalía española mantiene que podrían estar amparados por la Ley de Amnistía de 1977, lo que impediría su entrega.

La Constitución Argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Al igual que España apeló al principio de justicia universal para juzgar a los torturadores argentinos.

Asimismo, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, acaba de pedir al Gobierno que deje sin efecto la ley para juzgar la desaparición de más de 114.000 personas y 30.000 niños y niñas robados durante la Guerra Civil y la dictadura.

Es por eso, que los bajo firmantes

·         Llaman al Gobierno, jueces y fiscales de España a dejar de obstaculizar la actuación de la justicia argentina y procedan con la extradición de los dos torturadores vivos.

·         Recuerdan que la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992 y la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que España ratificó en 2009, impide  la aplicación de la Ley de Amnistía del 1977 para estos delitos ya que esta amnistiaba “actos de intencionalidad política” y no crímenes contra la humanidad, los cuales no prescriben.

·         Exigen al gobierno de España que se sigan las recomendaciones de la ONU y  ratifique la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

·         Llaman al Gobierno Español a garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del franquismo. Sin olvidar, el derecho del conjunto de la  sociedad a que se implementen  medidas de cambios  sociopolíticos, jurídicos e institucionales como la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, principal obstáculo en la lucha contra la impunidad del Franquismo.