Izquierda Unida pide a la Comisión Europea que investigue a la supresión de 25 rutas de transporte escolar por parte del Gobierno de Aragón

IU advierte que la inclusión de la reserva de plazas para transporte escolar en los servicios públicos de transporte en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales vulnera la normativa europea y el derecho a la educación del alumnado del medio rural en condiciones de equidad, igualdad y calidad.
 
Izquierda Unida ha solicitado a la Comisión Europea que investigue la supresión de 25 líneas de transporte escolar para el curso escolar 2013-2014 ejecutada por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que sustituye por “reservas para escolares en las líneas de transporte de viajeros regulares”. El eurodiputado de IU, Willy Meyer, reclama a la CE que recabe información a propuesta del grupo parlamentario de IU Aragón y como consecuencia de la respuesta que el Comisario Barnier ha enviado a Meyer en relación con la pregunta formulada este verano sobre estas rutas.
 
Cabe recordar que IU llevó ante la CE la correspondiente denuncia relacionada con las rutas de transporte escolar que suprime el Departamento dirigido por la consejera Serrat. “Una medida que fue tomada de manera unilateral sin informar a los centros educativos, ni a las familias de los y las escolares y sin siquiera haberlo notificado a los Ayuntamientos afectados”, explica el portavoz de Educación de IU, Adolfo Barrena.
 
Ahora, la Comisión pide a Izquierda Unida más información y Meyer ha remitido la inclusión del uso prioritario del transporte regular de viajeros para la prestación de transportes escolar en la Disposición adicional tercera del Proyecto de Ley de Medidas fiscales (ley de acompañamiento a los presupuestos), realizada por el Departamento de Educación. “La consejera está vulnerando la normativa europea y el derecho a la educación del alumnado del medio rural en condiciones de equidad, igualdad y calidad”, explica Adolfo Barrena.
 
Además, Meyer recuerda que es obligación de la CE, como garante del derecho europeo, utilizar sus recursos para recabar datos sobre este tipo de infracciones y, con esta respuesta, puede estar incumpliendo las obligaciones que le son propias por el Tratado de la UE, porque el control de la implementación de directivas europeas es de su competencia exclusiva. Se da la circunstancia, además, que esta medida, puesta en marcha por la Junta de Castilla y León, motivó un expediente sancionador de la UE al Estado español. “Ese expediente fue notificado el pasado verano y, por ello, no entendemos que la CE no haya iniciado la investigación correspondiente al caso de nuestra Comunidad”, dice Barrena.
 
En este sentido, Meyer solicita a la Comisión que aclare si va a iniciarla, como debería hacer, teniendo en cuenta lo estipulado en el Tratado de la UE y explique bajo qué principio se exonera de la responsabilidad de recabar información sobre el tema del transporte escolar y la implementación de la directiva correspondiente (2004/18/CE). Además, solicita conocer si la CE dispone ya de alguna información sobre este caso, tanto en Aragón como en Castilla y León.
 
Ataque a la escuela rural
 
Para Barrena, la inclusión del “recorte” en la ley de medidas supone “la ratificación del ataque a la escuela rural que se comete con supresión del transporte escolar ordinario en las condiciones establecidas para niños y niñas del medio rural con el único y exclusivo pretexto del recorte del gasto”.
 
En su opinión, “dejar sin ruta de transporte escolar específico y llevar al alumnado en las líneas regulares de transporte es un auténtico disparate, ya que no están, en absoluto, adaptados los horarios de las líneas regulares a los horarios escolares y ello va a generar problemas de escolarización porque, en ocasiones, el alumnado llegará tarde al centro escolar, en otras ocasiones deberá estar largo rato en espera y, en definitiva, serán víctimas de esta absurda medida”.