El Gobierno avala que los responsables del SESCAM de Castilla-La Mancha puedan amenazar a los sanitarios con sanciones de hasta 15.000 euros por protestar de uniforme o pegar carteles

En respuesta parlamentaria al diputado de IU y portavoz en Sanidad, Gaspar Llamazares, el Ejecutivo central indica que “el Gobierno debe ser respetuoso con la atribución y el ejercicio de las competencias que cada Administración Pública tiene legal y constitucionalmente atribuidas en cuanto a la gestión de los recursos humanos en el ámbito de los servicios autonómicos de salud”

El Gobierno de Mariano Rajoy avala que los responsables del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) puedan amenazar a sus trabajadores con sanciones de hasta 15.000 euros por usar sus uniformes en protestas contra los recortes o colocar carteles o anuncios en lugares que no estén habilitados para ello. Así se desprende de dos respuestas parlamentarias que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho llegar al diputado de IU y portavoz en la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares.

Llamazares trasladó al Gobierno del PP una pregunta por escrito el paso mes de abril en la que se interesaba por estos hechos. Así, detalló en su iniciativa parlamentaria que “dentro del respeto a las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas en materia sanitaria, ¿qué opinión le merece al Gobierno la nota FSG/VLH/pc de 30 de enero de 2014 emitida por la Secretaría General del SESCAM en la que se amenaza a los trabajadores sanitarios con sanciones de hasta 15.000 euros y se les invita a delatar a sus compañeros?”

En su primera y escueta respuesta, el Ejecutivo de Rajoy se limita a señalar en apenas tres líneas que “el Gobierno debe ser respetuoso con la atribución y el ejercicio de las competencias que cada Administración Pública tiene legal y constitucionalmente atribuidas en cuanto a la gestión de los recursos humanos en el ámbito de los servicios autonómicos de salud”.

En su pregunta original, el portavoz parlamentario de Sanidad de IU planteaba también la cuestión concreta de si “¿ha dado instrucción el Gobierno para que las Administraciones Públicas utilicen los artículos 52 y 54 del Estatuto Básico del Empleado Público para coartar el derecho de los trabajadores a expresar opiniones críticas en relación con la gestión de los servicios públicos?”

En una actuación poco habitual, el Gobierno remite a Llamazares tres semanas después otra respuesta para completar la primera anteriormente transcrita en la que, tras explicar de forma técnica que los citados artículos 52 y 54 “se encuentran ubicados en el Capítulo VI de su Título III (del citado Estatuto Básico), que lleva por rúbrica ‘Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta’”, decide especificar que “los principios y reglas establecidos en dicho capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos, de manera que el incumplimiento de muchos de esos deberes, principios y reglas de conducta encuentra su reflejo en la tipificación de algunas infracciones del régimen disciplinario”.

Llamazares había señalado al Gobierno central que la amenaza por parte del Ejecutivo de Castilla-La Mancha -que lidera la ‘número 2’ del PP a nivel estatal, María Dolores de Cospedal- de sancionar con hasta 15.000 euros a los trabajadores sanitarios se producía “en uno de los momentos más álgidos de las protestas de los profesionales sanitarios en la región” y que iba dirigida a casos como “que usen la bata de trabajo fuera de los centros para fines que no sean asistenciales; que utilicen el ordenador y el correo electrónico para un uso que no sea exclusivamente profesional o que coloquen anuncios o carteles en lugares que no estén habilitados para ello por el responsable del centro”.

El diputado de IU recuerda también que “según los profesionales consultados, se trata de una ‘orden mordaza’, cuyo único fin es amedrentar a los trabajadores sanitarios más activos contra los recortes, especialmente si lo hacen a través de las distintas plataformas que han surgido en defensa de la sanidad Pública”.

El Gobierno, mientras tanto, se ratifica en su segunda respuesta en su valoración e indica que “por tanto, la responsabilidad disciplinaria de los empleados públicos se deriva de las actuaciones llevadas a cabo por éstos en el desempeño de sus actividades profesionales, siempre y cuando de ellas se derive un perjuicio para el funcionamiento del servicio público o para la propia Administración, de acuerdo con la tipificación de faltas establecidas en el régimen disciplinario y el procedimiento previsto al efecto que, en el caso del personal sanitario, se regula en los artículos 70 y siguientes de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud”.