IU registra una iniciativa en el Congreso que insta al Gobierno a "adoptar las reformas legislativas necesarias para despenalizar el consumo y la tenencia de derivados del cannabis"

La proposición no de ley, firmada por los diputados de IU, ICV-EUiA, CHA Gaspar Llamazares, Ricardo Sixto y Álvaro Sanz,  propone también la necesidad de un “estudio y desarrollo de un marco normativo claro para las asociaciones o clubes cannábicos”

Izquierda Unida, a través de sus diputados en el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA Gaspar Llamazares, Ricardo Sixto y Álvaro Sanz ha registrado una proposición no de ley en la que plantea que el Congreso inste al Gobierno a “adoptar las reformas legislativas necesarias, tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana, para despenalizar totalmente el consumo y la tenencia de los derivados del cannabis”.

En concreto, el encabezamiento de la iniciativa centra sus objetivos “sobre la total despenalización del consumo y la tenencia de cannabis, así como la creación de una Ponencia para el Estudio del Problema de las Drogas en aras a analizar la regulación del cannabis y sus derivados en España”, presentada para su debate en Pleno o Comisión.

En su parte expositiva, la iniciativa toma como referencia un informe hecho público recientemente en Nueva York por la ‘Comisión Global de Políticas sobre Drogas’, de la que forman parte el ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan, un grupo de ex presidentes de gobierno de todo el mundo y personalidades de prestigio internacional. En éste se subraya la necesidad de que la sesión especial sobre drogas de Naciones Unidas de 2016 suponga un cambio radical en la manera en que se aborda la cuestión de la despenalización del consumo y posesión de sustancias a nivel internacional.

Otra de las propuestas fundamentales de la proposición no de ley de IU plantea al Gobierno “impulsar la creación de una Ponencia en el marco de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, en aras a analizar la regulación del cannabis y sus derivados en España”.

“El debate sobre el cannabis y sus derivados –se señala- está de absoluta y plena actualidad. Para muchos, no es propio mantener la vieja política prohibicionista en materia de drogas entrado ya el siglo XXI. Es cada día más evidente y, en todo caso, se trata de educar y no de prohibir. La postura prohibicionista ha sido ampliamente criticada y sus argumentos repetidamente rebatidos, especialmente en lo que se refiere al cannabis. Es indudable que las personas y organizaciones que defienden la postura antiprohibicionista son cada vez más numerosas”.

La iniciativa parlamentaria de IU propone también la necesidad de un “estudio y desarrollo de un marco normativo claro para las asociaciones o clubes cannábicos”, ya que éste es un aspecto importante y novedoso de gran influencia en ciudades como Barcelona. Allí, una reciente sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial insta también a las instituciones a fijar ‘un marco normativo claro’ sobre ‘una actividad que permanece en los limbos de la alegalidad’.

‘Hace tiempo que desde muchos sectores jurídicos, sanitarios y sociales se está reclamando del legislador que fije un marco normativo claro para el funcionamiento de esta clase de asociaciones”, apostilla el fallo del que ha sido ponente el magistrado Santiago Vidal.

En el contexto que incorpora la proposición no de ley se recoge la situación legal del cannabis en el panorama internacional, donde el “único país abiertamente tolerante” es Holanda. “En Alemania -se recuerda-, muy recientemente la Justicia autorizó a enfermos crónicos a cultivar cannabis”. Por otro lado, en la República Checa también se ha “legalizado el uso terapéutico siempre que sea el Estado quien recete la marihuana y sea entregada por un distribuidor autorizado. En Italia el uso terapéutico mediante receta se autorizó el pasado mes de noviembre”.

La iniciativa destaca también el hecho de que las tiendas de cannabis se encuentran en pleno proceso de expansión. “Es una feliz  contradicción, pero contradicción a fin de cuentas... La esencia de este negocio radica en la agricultura ecológica, pues no sólo se vende cannabis, sino también semillas, fertilizantes naturales o abonos. El negocio es totalmente legal”.

La proposición argumenta sobre este tema que “parte del éxito de estos establecimientos se debe a las ya conocidas propiedades curativas del cannabis. Los clientes habituales de estas tiendas suelen ser personas enfermas de cáncer, con tratamiento de quimioterapia o que padecen enfermedades como fibromialgia, esclerosis o glaucoma, encontrando en este producto un alivio para el dolor crónico o los efectos secundarios de algunos tratamientos”.

Finalmente, la iniciativa de Izquierda Unida analiza la novedad de que, en virtud de un cambio metodológico impulsado por Bruselas, se incluya la aportación de determinadas actividades, hasta ahora ilícitas, como parte del Producto Interior Bruto. En esta línea, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha planteado que determinadas drogas blandas, como la marihuana, “puedan llegar a ser legalizadas” para luchar mejor contra sus posibles efectos adversos y aumentar los ingresos públicos. Así lo incluye la IHE en un documento sobre la reforma fiscal y los ‘agujeros negros’ del fraude, donde destacan las experiencias de Uruguay o el estado norteamericano de Ohio en la despenalización de derivados del cannabis. 

NOTA: A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA INICIATIVA REGISTRADA 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la total despenalización del consumo y la tenencia de cannabis, así como la creación de una Ponencia para el Estudio del Problema de las Drogas en aras a analizar la regulación del cannabis y sus derivados en España, para su debate en Comisión.

Un informe hecho público recientemente en Nueva York por la ‘Comisión Global de Políticas sobre Drogas’, de la que forman parte el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, un grupo de ex presidentes de gobierno de todo el mundo y personalidades de prestigio internacional, subraya la necesidad de que la sesión especial sobre drogas de Naciones Unidas de 2016 suponga un cambio radical en la manera en que se aborda la cuestión de la despenalización del consumo y posesión de drogas en todo el mundo, esto es, “una oportunidad sin precedentes para revisar las políticas sobre drogas”, como afirma el informe, titulado Tomando el control: caminos hacia políticas sobre drogas que funcionen. 

La Comisión hace varias recomendaciones fundamentales: reorientar las políticas sobre drogas, entendiendo la cuestión como un problema de salud pública, y asumir el fracaso de las medidas represivas; garantizar un acceso universal a las medicinas esenciales, en particular a los opiáceos contra el dolor (el 8% de la población mundial sufre sin poder disponer de fármacos que les alivien); eliminar la criminalización del consumo y posesión de drogas y poner fin a los tratamientos de desintoxicación obligatorios; buscar alternativas al encarcelamiento para aquellos que participen en menor escala en el tráfico drogas, como productores, correos y otras personas involucradas en la producción, transporte y venta de las sustancias; trabajar para reducir el poder de las organizaciones criminales, así como la violencia e inseguridad que se deriva de la lucha contra ellas; apoyar y promover las diversas experiencias sobre regulación legal del consumo de drogas, empezando por el cannabis... 

Así pues, el debate sobre el cannabis y sus derivados está de absoluta y plena actualidad. Para muchos, la impropiedad de mantener la vieja política prohibicionista en materia de drogas, entrado ya el siglo XXI, es cada día más evidente y, en todo caso, se trata de educar y no de prohibir. La postura prohibicionista ha sido ampliamente criticada y sus argumentos repetidamente rebatidos, especialmente en lo que se refiere al cannabis, y es indudable que las personas y organizaciones que defienden la postura antiprohibicionista son cada vez más numerosas. “Hay que cambiar de rumbo”, afirma Kofi Annan. “Necesitamos políticas que funcionen basadas en datos científicos en lugar de medidas criminalizadoras que nos han llevado a cárceles superpobladas y a graves problemas de salud pública”. Esta observación de Annan nos conecta con aquel médico del siglo XVI que habló de “dosis tóxicas” y no de elementos tóxicos. 

Atrás quedan, pues, los años en los que la sociedad -jóvenes incluidos- rechazaba prácticamente en bloque la legalización de la marihuana. Así se desprende del último Eurobarómetro sobre la relación entre juventud y drogas, que revela que, aunque siguen siendo mayoría los europeos de entre 15 y 24 años que se oponen a legalizar el cannabis, el porcentaje que pide su regulación ha pasado del 34% al 45% en los tres últimos años. En España, la variación es incluso superior: del 35% de 2011 al 47% actual. De seguir esta tendencia, en la encuesta de 2017 serán mayoría los jóvenes españoles y europeos que pidan la legalización, tal y como ya sucede en República Checa, Eslovenia, Italia, Irlanda, Polonia, Eslovaquia, Austria y Países Bajos -el único Estado miembro en el que es legal-.

En 2013, según una encuesta de Gallup, los estadounidenses a favor de la regulación de la marihuana (el 58%) ya superaban con creces a aquellos que optaba por que su consumo permaneciera en la ilegalidad (39%). Para Martin Jelsma, coordinador del programa de Drogas y Democracia del Transnational Institute y una eminencia internacional en la materia, “es un proceso gradual”, subraya en referencia a la legalización de cannabis para fines terapéuticos y recreativos en los Estados de Washington y Colorado a finales de 2012. 

En la actualidad, el único país abiertamente tolerante hacia el cannabis es Holanda, aunque recientemente Portugal parece estar en el camino de la aplicación, de una política sobre drogas alternativa. En Alemania, muy recientemente la justicia autorizó a enfermos crónicos a cultivar cannabis. Chequia apuesta por pequeñas plantaciones de 3 a 5 plantas para autoconsumo y por reuniones de máximo 5 personas para consumir conjuntamente. Por otro lado, también se ha legalizado el uso terapéutico siempre que sea el estado quien recete la marihuana y esta sea entregada por un distribuidor autorizado. En Italia el uso terapéutico mediante receta se autorizó el pasado mes de noviembre. Asimismo, en Bélgica, hace ya unos años algunos colectivos de usuarios del cannabis lograron poder cultivar y consumir su propio cannabis. 

Sin duda, de todo ellos el caso más conocido y emblemático es el de Holanda, que desde hace décadas permite la posesión de marihuana y su venta y consumo en determinados lugares, los conocidos coffe shops, sin que ello haya convertido a ese país en un territorio donde medre la delincuencia ni haya provocado problemas de salud a la población que no sean semejantes a los de los países de su entorno proteccionistas. Aunque quizá el ejemplo más cercano y llamativo para nosotros sea el que nos llegó de Uruguay a principios de 2014, que abrió una espita en América Latina al aprobar la venta de esta sustancia en farmacias. “Estos ejemplos demuestran que el problema del cannabis no es la propia droga sino la ausencia de regulación. Es una cuestión puramente política”, concluye Jelsma. 

En España, en 1983, durante la primera legislatura del PSOE, las Cortes aprobaron un nuevo artículo 344 del Código Penal, que podía considerarse lo más avanzado del mundo en la materia. Sin embargo, cinco años más tarde, y ante la presión del PP, el PSOE se avino a endurecer de nuevo ese artículo. En estos cinco años de tolerancia, el mercado español de cannabis sufrió un estancamiento en favor de otras drogas gracias, según algunos expertos, a que mantenían el atractivo de lo prohibido. Es evidente en ese sentido que la prohibición no ha conseguido el objetivo de reducir el consumo de derivados del cannabis y, tras más de setenta años de experiencia, puede afirmarse que es una política muy poco efectiva. 

A día de hoy, la tenencia de derivados del cannabis se sanciona en nuestro país con multas administrativas que van desde los 300 a los 6.000 euros, según el artículo 25 de la L.O. 1/92, la famosa ley Corcuera. El hecho de despenalizar el consumo, limitando las penas a sanciones administrativas, no evita, sin embargo, las consecuencias derivadas de recibir una condena, que sólo podrían evitarse mediante la legalización o la “descriminalización” total del consumo. 

Un aspecto importante y novedoso es la cuestión los clubes cannábicos. Estas asociaciones, que han proliferado en ciudades como Barcelona, se hallan en una encrucijada legal y son objeto de investigaciones policiales de suerte diversa. Una reciente sentencia absolutoria, dictada por la Audiencia de Barcelona, insta a las instituciones a fijar “un marco normativo claro” sobre “una actividad que permanece en los limbos de la alegalidad”. “Hace tiempo que desde muchos sectores jurídicos, sanitarios y sociales se está reclamando del legislador que fije un marco normativo claro para el funcionamiento de esta clase de asociaciones”, señala la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Vidal. Los jueces lamentan que “solo el Parlamento de Euskadi ha impulsado esta tarea reguladora”. 

Destacable es también el hecho de que las tiendas de cannabis se encuentran en pleno proceso de expansión, es una feliz  contradicción, pero contradicción a fin de cuentas... La esencia de este negocio radica en la agricultura ecológica, pues no sólo se vende cannabis, sino también semillas, fertilizantes naturales o abonos. El negocio es totalmente legal, ya que la ley únicamente exige que todo lo que vendas sea para consumo propio. Es decir, que el consumidor final no pueda comerciar con lo que produce. 

Parte del éxito de estos establecimientos se debe a las ya conocidas propiedades curativas del cannabis. Los clientes habituales de estas tiendas suelen ser personas enfermas de cáncer, con tratamiento de quimioterapia o que padecen enfermedades como fibromialgia, esclerosis o glaucoma, encontrando en este producto un alivio para el dolor crónico o los efectos secundarios de algunos tratamientos. Con el objetivo de ayudar a estos pacientes, algunos de estos establecimientos han creado lo que llaman una "caja solidaria" donde aportar de forma desinteresada parte de la cosecha de esta planta en su momento óptimo, para que el paciente no tenga que esperar para consumirla. Sin temor a exagerar podemos concluir que estos emprendedores han creado un negocio social, puesto que el cliente no tiene que recurrir al mercado negro para la compra de estas semillas o plantas y, además, liquidan los impuestos correspondientes. 

Vista la cuestión desde otro enfoque, también hemos de contemplar el hecho de que Europa estudia incluir la aportación de determinadas actividades, hasta ahora ilícitas, como parte del Producto Interior Bruto. Así, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha planteado que determinadas drogas blandas, como la marihuana, “puedan llegar a ser legalizadas” para luchar mejor contra sus posibles efectos adversos y aumentar los ingresos públicos. Ello consta en un documento de la IHE sobre la reforma fiscal y los “agujeros negros” del fraude, donde se destaca las experiencias de Uruguay o el estado norteamericano de Ohio en la despenalización de la marihuana. La legalización, según el presidente de la IHE, Ransés Pérez Boga, supondría un aumento de cotizantes de la Seguridad Social y de beneficiarios de prestaciones sociales, luchar de manera más efectiva contra la corrupción o las mafias asociadas al tráfico de drogas, así como un control más exhaustivo del negocio que mueve esa actividad, ya que se ha incorporado al PIB desde el presente mes de octubre de acuerdo a un cambio metodológico impulsado por Bruselas. 

Por todo ello se presenta la siguiente 

Proposición no de Ley 

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1.- Adoptar las reformas legislativas necesarias tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana para despenalizar totalmente el consumo y la tenencia de los derivados del cannabis. 

2.- Impulsar la creación de una Ponencia en el marco de la ‘Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas’, en aras a analizar la regulación del cannabis y sus derivados en España. 

3.- Estudio y desarrollo de un marco normativo claro para las asociaciones o clubes cannábicos.