IU lleva a la Comisión Europea las relaciones entre el Gobierno de España y la dictadura de Videla

El eurodiputado de Izquierda Unida Javier Couso ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea en la que pide su parecer por el hecho de que el Estado español otorgara entre marzo de 1976 y diciembre de 1983 hasta 56 condecoraciones a integrantes de las Juntas Militares de Argentina, responsables del secuestro, tortura y asesinato de al menos 30.000 disidentes políticos.

Según diversas informaciones publicadas por la prensa española, entre los condecorados están el dictador Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera o el exgeneral Reynaldo Bignone, a quienes, pese de haber sido condenados, nunca se les retiró el reconocimiento del Gobierno de España. 

Couso, que es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, defiende su escrito amparándose en la Directiva Marco 2008/913/JAI, que si bien se centra en el racismo y la xenofobia en los Estados miembro, los exhorta en su artículo 1 apartado C a adoptar las “medidas necesarias para garantizar que se castiguen” conductas como la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra tal como se definen en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional”.

Desde el punto de vista del eurodiputado de IU, esas condecoraciones pueden suponer una acción contraria a lo establecido en dicha Directiva Marco, porque “teniendo en cuenta que se otorgaron durante la dictadura argentina” es imposible que “España, a través de su embajada en Argentina, no conociera la cruel y sangrienta represión que estaba teniendo lugar en ese país”.

"Cada día que pasa con estas personas condecoradas y reconocidas por el gobierno español, es una burla y un insulto más a las víctimas de la dictadura argentina", lamenta Couso, quien sostiene que el de las condecoraciones a la dictadura de Videla es “un ejemplo más de una transición fallida, que no consiguió que España depurara responsabilidades permitiendo que, todavía hoy, haya más de 100.000 ciudadanos españoles en las cunetas, lo que hace del nuestro el segundo país del mundo en número de desaparecidos, sólo después de Camboya”.