Las organizaciones que presentaron la querella por la que se investiga el ‘caso Bárcenas-PP’ anuncian que recurrirán el auto de Ruz "para que todos los responsables se sienten en el banquillo"

Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y Justicia y Sociedad consideran “apresurado” el cierre de la instrucción y que durante la misma se han “acreditado indiciariamente diversos delitos que deberían desencadenar consecuencias políticas drásticas”

Las organizaciones y asociaciones que presentaron la querella criminal en febrero de 2013 que dio pie a la apertura de la investigación del denominado ‘caso Bárcenas-PP’ en la Audiencia Nacional -Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y Justicia y Sociedad- consideran “apresurado” el cierre de la instrucción decidido por el magistrado Pablo Ruz. De igual forma, pese a reconocer varios elementos positivos en el último auto del juez sobre esta causa, adelantan su intención de recurrirlo “para conseguir que todos los responsables, tanto del Partido Popular como de las empresas constructoras que realizaron los pagos presuntamente ilegales a cambio de contratos públicos, sufran un duro reproche penal”.

Estos querellantes que ejercen la acusación popular, a raíz del auto con el que el magistrado pretende cerrar la fase de instrucción “y que aún no se nos ha notificado oficialmente”, consideran “acreditados indiciariamente diversos delitos que deberían desencadenar consecuencias políticas drásticas”.

“La existencia de una ‘caja B’ en el Partido Popular -señalan-, la comisión de un delito electoral o de financiación ilegal, así como la falsedad contable tendrían que provocar dimisiones en masa. No estamos de acuerdo la decisión del instructor de considerar prescritos algunos de estos delitos”.

De igual forma, apuntan que “las distintas maniobras para acortar el tiempo de instrucción, apartando al juez Ruz de la misma, han hecho que ésta resulte incompleta. El cierre prematuro y forzado de la instrucción provoca que no se hayan recopilado pruebas suficientes como para abrir juicio oral contra muchos de los protagonistas que aparecen en los denominados ‘papeles de Bárcenas’”.

Para las organizaciones y asociaciones que presentaron la querella inicial de este caso “resulta imposible a estas alturas creer que los pagos de los constructores, a menudo por cuantías muy superiores a los máximos legales permitidos, se hacían por ‘filantropía’ y no a cambio de sustanciosos contratos de obra pública. Es difícil creer que es casualidad que el mismo día que se hace una adjudicación de una obra pública la empresa beneficiaria haga una donación al Partido Popular”, como queda acreditado en la documentación aportada.

Los querellantes destacan también el “escaso apoyo que ha recibido el juez Pablo Ruz por parte de instituciones u organismos como la Fiscalía (que ha ejercido más bien como abogada defensora de los imputados), la Agencia Tributaria (con episodios recientes tan chuscos como los que equiparan el reparto de sobres del PP con la labor social de Cáritas) o la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que en peticiones de investigaciones concretas del instructor para buscar la relación entre las donaciones de constructoras y la concesión de contratos manejaban una información claramente incompleta”.

“Hemos podido constatar -explican- que, sorprendentemente, a esta Intervención General le faltaba información sobre un buen número de contratos de los que sí teníamos conocimiento las organizaciones querellantes, circunstancia que impedía establecer la vinculación antes mencionada, bastante clara al sentido común”.

Por todos estos motivos, “anunciamos un recurso al auto del magistrado Pablo Ruz con la intención de que todos los responsables de este tremendo expolio de fondos públicos se sienten en el banquillo y paguen por sus delitos”.