Llamazares denuncia la “prevaricación y la corrupción” en el Ministerio de Justicia y pide a Catalá que explique la “privatización” del Registro Civil a cambio de un “pelotazo”

El diputado y portavoz de Justicia de IU responsabiliza al Gobierno del PP de destinar también ahora 4 millones de euros a los registradores para que resuelvan la tramitación de los expedientes de nacionalidad de 2014, mientras que esta misma gestión de los pendientes en 2012 y 2013 fue “gratuita”

El diputado de Izquierda Unida y portavoz de Justicia de IU, ICV-EUiA, CHA, Gaspar Llamazares, ha denunciado hoy la “prevaricación y la corrupción” en la que caen los máximos responsables del Ministerio de Justicia en relación a las múltiples reformas que están imponiendo para dejar en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles el Registro Civil, y también en el caso concreto de la gestión de los expedientes para adquirir la nacionalidad española de los últimos años.

Llamazares ha registrado la petición de comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso del titular de este departamento, Rafael Catalá, para que explique esta “privatización” del Registro Civil a cambio de un “pelotazo” para los registradores. La iniciativa registrada señala que el ministro debe dar explicaciones en sede parlamentaria sobre “la encomienda de gestión del Registro Civil y expedientes de adquisición de la nacionalidad española al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles”.

Además, el parlamentario de IU ha responsabilizado al Gobierno de Mariano Rajoy de introducir una enmienda en la tramitación del proyecto de ley que reconoce la nacionalidad a los ciudadanos de origen sefardí por la que la tasa prevista para ese fin se convierte en un arancel, que irá “al bolsillo de los registradores” en lugar de a las arcas públicas.

En declaraciones realizadas en el Congreso, Llamazares recordó que ya se aprobó una anterior encomienda de gestión a este colectivo para que desatascara la tramitación de los expedientes de nacionalidad que había pendientes en 2012 y 2013, pero que aquella fue “gratuita”.

El portavoz de Justicia de IU busca explicaciones de por qué el Gobierno destina ahora 4 millones de euros “con carácter retroactivo” dirigidos al Colegio de Registradores para que se resuelvan los expedientes de 2014 “cuando los registradores van a utilizar la misma aplicación informática” que ya existe, por lo que avisó de que ese dinero puede servir también para “financiar el Registro Civil”. “Lo que antes era gratuito -dijo- se ha convertido en un obstáculo, en un embudo que ya no es gratuito y que está en manos de registradores y notarios”.

A su vez, denunció una “corrupción” en el Ministerio de Justicia “que tiene un nombre muy peculiar, y que se llama la captura del regulador o secuestro de la Dirección General”. Explicó que en la Dirección General de Registros y Notariado, que ostenta Francisco Javier Gómez Gálligo, “no hay un cargo político al servicio del interés general, sino un ‘delegado’ del Colegio de Registradores que únicamente responde a los intereses de éste”.

Criticó, además, que es un ‘delegado’ “en una situación frágil” debido a que ha ejercido su cargo “posiblemente en incompatibilidad”, ya que durante un tiempo ha ejercido su papel de registrador al tiempo que era miembro del Tribunal de Registradores, algo “totalmente incompatible” y por lo que ha exigido su cese. “Está usurpando las funciones públicas al servicio de intereses privados”, reprochó.

Sobre este tema el diputado de IU ha registrado ya varias preguntas parlamentarias escritas dirigidas al Gobierno en las que, entre otras cuestiones, también se interesa por los viajes a Suiza de Gómez Gálligo y reclama datos sobre si éste ha cobrado por su cargo de director general y por su puesto de registrador de la propiedad en Las Palmas de Gran Canaria.

Gaspar Llamazares explicó a los periodistas su petición de comparecencia de Rafael Catalá y detalló otra batería de iniciativas parlamentarias, que incluye también solicitar que el director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez, acuda al Congreso para informar de cómo se va a resguardar la privacidad de todos los datos del Registro Civil que ahora gestionarán los registradores.

Tachó de “expolio a los ciudadanos y pelotazo sin precedentes” la privatización de este registro “porque 8.000 ventanillas, que eran los municipios, los jueces de paz y los jueces de instrucción, se van a convertir en 100, las de los registradores mercantiles”, lo que provocará “un embudo, un caos y una obstrucción al Registro Civil”.

En cuanto a los funcionarios afectados por esos cambios, advirtió de que al menos 4.000 empleados públicos “van a quedar en el aire” y, especialmente, los interinos “que tendrán difícil su recolocación”.

Detalló que “esos 100 registradores de lo mercantil, en un acuerdo verbal con el resto de registradores, van a gestionar en este país el Registro Civil y van a poseer nuestros datos más íntimos, sin que haya ninguna autorización por parte de la Agencia de Protección de Datos”, algo que de lo que antes se encargaban funcionarios “con deber de secreto”. De ahí su exigencia para que el director de la Agencia Española de Protección de datos explique “por qué unos funcionarios ‘sui géneris’, que forman parte de la CEOE, van a poseer ahora todos nuestros datos personales”.

Para Gaspar Llamazares “todo esto se ha hecho al margen de la ley; es paralegal”. Recordó y criticó el hecho de que primero se dijo que se iba a crear una corporación pública que supervisaría la implantación de la aplicación informática, pero lo que ahora hay es “una comisión mixta entre los registradores mercantiles y el Ministerio de Justicia para quedarse con el Registro Civil”. A su juicio, “una ley que se sustituye por un acuerdo verbal es a todas luces ilegal”.