Llamamiento para una Alternativa Constituyente de la Junta Estatal Republicana (JER)

La Junta Estatal Republicana (JER), junto con las formaciones políticas y sociales firmantes de la Declaración en el Ateneo  -firmada el 6 de junio de 2014 con motivo de la abdicación del monarca-, ha acordado hacer público este ‘Llamamiento para una Alternativa Constituyente’.

Vivimos en un momento de crisis estructural, institucional y social, y el país que tengamos cuando estas crisis sean vencidas dependerá de quién consiga imponer su modelo de salida. Se trata, por tanto, de un momento de alto riesgo, pero también de una oportunidad de construir un nuevo proyecto de sociedad.

En España la propuesta antisocial, austericida y autoritaria de la derecha se lleva por delante avances y conquistas sociales, y aparecen todas las miserias y sufrimientos que provoca el modelo de acumulación capitalista y su estructura institucional. Uno de sus máximos ejemplos, la ‘burbuja inmobiliaria’, creó la falsa idea de que el consumismo desbocado era la solución a los problemas económicos. Entre otras, ocultó la realidad de la destrucción del tejido productivo y, más aún, de la sustitución de un modelo de sociedad en la que el trabajo era un elemento de dignidad social por la cultura del ‘pelotazo’, en la que lo importante era ganar el máximo de dinero en el menor tiempo posible, con un paro estructural y una precariedad sistemática como herramientas para disciplinar a la clase trabajadora.

Agotada esta fase, la ‘crisis por estafa’ se revela en toda su magnitud con el aumento del paro, la veloz destrucción de las conquistas sociales y el afloramiento de toda la corrupción extendida como un cáncer durante estos años. Pero lo ocurrido no es lo más grave, ya que esto lo están preparando en las negociaciones secretas del TTIP (el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos).

En este marco, la salida antisocial, centralista, autoritaria y corrupta de la crisis cobra todo su sentido, con el objetivo de apuntalar un orden social, económico e institucional que, acabando con todas las conquistas sociales y democráticas fruto de más de 150 años de luchas, logre asegurar la recuperación de la tasa de beneficios y consolidar el dominio del capital sobre la economía y la política.

Este es el panorama con que se encuentra la ciudadanía y ante el que ha de optar por someterse o enfrentarse. Por tanto, la única salida de la crisis en favor de la mayoría trabajadora debe tener un carácter de alternativa que presente un nuevo modelo de sociedad. Alternativa que tiene que significar una transformación de las estructuras económicas e institucionales, que, en el caso español, implica entrar a fondo en cuestiones que están íntimamente mezcladas: a) modelo productivo, b) distribución de la riqueza, c) modelo de Estado,  d) ética pública y profundización democrática; dicho de otro modo, la cuestión del poder económico, ligado al modelo político e institucional.

Surge así la necesidad de recuperar, en primer lugar, la democracia, y hacerlo desde la defensa de la ética como punto de partida para cualquier alternativa, la defensa del concepto de ‘ética republicana’ que tiene el trabajo como instrumento de valoración social.

El modelo democrático-representativo heredado de la transición, con una Ley Electoral tramposa y unas instituciones que funcionan a la medida del bipartidismo imperfecto dominante, se ha revelado insuficiente.

La Constitución de 1978 no afrontó el reconocimiento del carácter plurinacional y plurilingüístico del Estado. En el texto constitucional se superponen un Estado descentralizado y un Estado centralista, tal y como se refleja en un Senado que no hace las funciones de representación territorial o en la pervivencia de las provincias y las diputaciones provinciales.

Aquellos aspectos que, de cumplirse, hubieran resultado positivos, se han cuidado muy bien de que nunca se materializaran.

El modelo autonómico está agotado y la deriva centralizadora del PP ha reducido a las CC.AA. y a los ayuntamientos a meros gestores de la administración pública, sin capacidad de iniciativa o transformación política. La demanda de los pueblos de ejercer el derecho a la libre determinación es bloqueado por una interpretación restrictiva y centralista de la propia Constitución de 1978.

La legalización por el Tribunal Constitucional de la reforma laboral del PP, la modificación del artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda (generada por bancos y grandes constructoras, y endosada a la clase trabajadora) y la crisis surgida por la negativa del bipartidismo a permitir que el pueblo catalán ejerza su derecho a decidir son los últimos exponentes de que en el actual marco institucional no tienen cabida las demandas sociales y políticas. Se requiere plantear una alternativa que vaya más allá de simples cambios legislativos.

Se necesita un nuevo marco económico e institucional que sitúen al Estado, a todas las instituciones, empezando por la Jefatura del Estado, al Gobierno y a las Cortes Generales bajo el control directo de la ciudadanía. Deben permitirse iniciativas de democracia directa y participativa que rescaten lo público de los ‘mercados’ y permita a los pueblos del Estado que lo demanden ejerce el derecho a la libre determinación.

Por ello, defender en abril de 2015 la República como el mejor régimen político es una necesidad histórica. La III República es necesaria, porque sólo ésta traerá consigo una verdadera ruptura y podrá permitir un Estado laico, respetuoso con las creencias y defensor de la hegemonía del poder civil; sólo la República puede dar respuestas a las demandas de los pueblos del Estado que deseen ejercer el derecho de autodeterminación.

No se trata en estos momentos de plantear una simple reforma de la Constitución española, sino de producir un cambio profundo que posibilite organizar la actividad de modo que las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía, desde respirar a elegir el rumbo presente y futuro de sus vidas, puedan ser satisfechas. Ello implica un proceso constituyente en el todo el Estado que tenga su reflejo  en los diferentes pueblos que reivindican su derecho a ver reconocida su identidad nacional, entendiendo la plurinacionalidad como un factor positivo de un Estado democrático moderno.

La propuesta de Estado plurinacional, cooperativo y solidario debe basarse en la libre y voluntaria adhesión a un Pacto Constituyente, de manera que la Constitución de la República emane de una decisión de las pueblos que la conformen.

Aquí la reivindicación republicana y la alternativa constituyente conectan tanto con la resistencia a los recortes como con las demandas de ‘democracia real ya’ y el reconocimiento de los pueblos a determinar su futuro.

Desde estos planteamientos, quienes en el mes de junio pasado firmamos el Compromiso Republicano vemos hoy la necesidad de conformar una Alternativa Constituyente, que se plantee construir entre todas y todos una nueva agenda para el cambio social, conectando con el antiguo sueño republicano de un mundo en libertad y justicia, sin represión, explotación, hambre o necesidad. El viejo sueño de los derechos humanos… de todos los derechos humanos para todos y para todas.

Junta Estatal Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Chunta Aragonesista, EQUO, Partido Comunista de España,  Los Verdes, Alternativa Socialista,  Izquierda Republicana,  Batzarre,  PCE-ML., Republicanos, Unidad Cívica por la Republica, Movimiento Democrático de Mujeres, UJCE, Ezjer Abutza-IU.