Cayo Lara defiende un “endurecimiento del régimen de incompatibilidades” de los parlamentarios para evitar la "contaminación de la política"

El coordinador federal de IU asegura que en el caso de los ‘populares’ Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte existe un “indicio razonable” de tráfico de influencias y de información privilegiada

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha manifestado hoy la necesidad de que haya un “endurecimiento del régimen de incompatibilidades” de los diputados y senadores que evite la “contaminación de la política” con las actividades “ajenas al interés público” que puedan realizar los parlamentarios. Lara hizo estas declaraciones en la localidad asturiana de Navia, donde estuvo acompañado por el diputado y candidato de IU a la Presidencia del Gobierno asturiano, Gaspar Llamazares, y el coordinador general de IU Asturias, Manuel González Orviz.

El máximo responsable federal de IU mantuvo un contacto con los medios de comunicación tras reunirse, junto a sus compañeros de formación, con representantes asturianos de varias organizaciones agrarias. Aprovechó para referirse al caso de los dirigentes ‘populares’ Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte, actual embajador de España en Londres y portavoz parlamentario de Economía del PP, respectivamente.

Consideró que ambos deberían “dejar inmediatamente” sus cargos, Trillo con un cese y Pujalte dimitiendo de su cargo. Las informaciones en relación a su caso, admitidas por ellos, apuntan a que mientras fueron diputados la legislatura pasada cobraron entre ambos más de 400.000 euros. Este dinero procedía, según la Agencia Tributaria, de la constructora especializada en obra pública Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y que aparece como una de las compañías beneficiadas por los parques eólicos en la comunidad de Castilla y León.

La Agencia Tributaria señala que el también ex ministro de Defensa en el Gobierno de José María Aznar recibió 354.560 euros durante casi tres años (unos 9.000 al mes), mientras que Martínez Pujalte cobró unos 75.000 en algo más de un año (unos 5.000 al mes). Los pagos se hacían a través de sus despachos de asesoría.

Cayo Lara consideró que existe un “indicio razonable” de tráfico de influencias y de información privilegiada. Indicó también que el cobro de estas cantidades, además de su salario como parlamentarios, supone una clara incompatibilidad. “No estamos hablando ya desde el punto de vista de la ‘puerta giratoria’ -dijo-, hablamos de que parece que está montado un lobby permanente por parte de personas del PP con respecto a asesoramientos e información a determinadas empresas, cuando su actividad es parlamentaria y, por tanto, incompatible con  prestar ningún tipo de actividades a empresas determinadas”.

Por todos estos motivos es por lo que aseguró que IU defiende modificar el régimen de compatibilidades de los parlamentarios para restringirlo más. De ahí que esta formación vaya a pedir que se reúna la Comisión del Estatuto del Diputado para analizar el caso de Trillo y Martínez Pujalte y ver su alcance.

Por otra parte, Cayo Lara se mostró absolutamente en contra de la petición de sobreseimiento del ‘caso Bárcenas-PP’ como pretende el partido de Mariano Rajoy, del que, como explicó, los propios jueces han encontrado más que indicios de que “se ha financiado de forma ilegal”.

“Que a estas alturas el PP venga a pedir el archivo de este caso -en el que IU está personada como acusación popular- es tanto como venir a pedir el archivo de una trama de corrupción que ha estado montada dentro del PP”, comentó.

Lara ironizó en relación a los múltiples casos de corrupción que salpican al PP y aseguró que “la cueva de Alí Babá, comparada con la sede de Génova, era el portal de Belén”, además de insistir en que este partido se financió ilegalmente a través de una ‘caja B’, como han sacado a la luz las investigaciones judiciales en la Audiencia Nacional.