Vallina reivindica los ayuntamientos como primera línea de “defensa frente al poder económico” y carga contra la “reforma ideológica” de la administración local del PP

La eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina ha hecho este jueves en Bruselas una cerrada defensa de la política municipal y su carácter indispensable para atender las necesidades de la ciudadanía, al tiempo que ha cargado contra la “reforma ideológica” de la administración local del Partido Popular, por esconder “las mutaciones de un capitalismo aún más agresivo”, cuya finalidad es recortar los derechos y la independencia de los municipios en favor de los procesos de privatización.

Durante la conferencia Reformas Territoriales, Austeridad y TAFTA, celebrada esta mañana en el Parlamento Europeo, que ha sido organizada por el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) y Realpe, la red europea de representantes locales progresistas, Vallina, exalcaldesa del Concejo de Castrillón (Asturias), ha definido los ayuntamientos como primera línea de “defensa frente a los poderes económicos y financieros”. “Son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, son el espacio donde las vecinas y los vecinos pueden presentar sus quejas, sus preocupaciones y son también el origen de los servicios básicos principales”, ha dicho la eurodiputada, quien ha destacado la importancia de que la izquierda consiga ser la gestora de esos recursos.

“Con esto se consigue un doble efecto: por una parte, demostrar que hay alternativas viables y razonables en justicia social y sostenibilidad. Y por otra parte, porque rompe con la ideología dominante, con aquellos que piensan que frente a la economía no se puede hacer nada. La política, debe gestionar la economía y no al revés”, ha reclamado.

Vallina ha denunciado cómo los municipios y la administración local han sido los primeros damnificados por la crisis económica y las medidas de austeridad que han aplicado los Gobiernos consecutivos del PSOE y del PP, siempre con la excusa de reducir el gasto público. Reformas que, según ha dicho, llevan escondido el objetivo de reducir al mínimo la independencia y el campo de acción de la política y la democracia local.

Como primer ejemplo, Vallina ha hablado del proceso privatizador del servicio de aguas y saneamiento que se está llevando a cabo en todo el Estado español, y recordó la experiencia vivida el pasado mes de marzo, durante unas jornadas por el Día Mundial del Agua, en la que representantes de la Red Estatal por el agua pública y cargos públicos de IU en la administración local, expusieron los procesos de privatización que han vivido en sus propios municipios e incluso los juicios que han tenido que afrontar para luchar contra ello.

“Los concejales estaban luchando por la remunicipalización de los servicios frente a dos grandes empresas que tienen el monopolio. Estamos hablando de un servicio básico y que nosotros reclamamos como un derecho humano irrenunciable para garantizar otros derechos”, ha dicho la eurodiputada, quien ha recordado que “el año pasado 500.000 personas en el España sufrieron corte de suministro por no poder pagar sus facturas del agua”.

Vallina ha relatado después cómo la reforma de la administración local no es sólo un fenómeno que se da en el Estado español, sino que está aplicándose siguiendo idénticos patrones en otros países de Europa. “En mi país llevamos más de un año desde la reforma territorial y de la administración local y ha quedado demostrado que es falso que funcione. En Francia, en Italia, en Grecia, en Portugal y en Suecia también han existido esas reformas y los municipios  sufren las consecuencias de estas políticas. Además, los efectos se multiplican incluso hasta los países que están a las puertas de la UE y se ven abocados a aplicar estas reformas”, ha explicado.

“Antes de ser diputada fui alcaldesa y yo he sufrido esa reforma de las administraciones locales, he visto cómo se trataba de acabar con los ayuntamientos, cómo se nos recortaban competencias cuando lo único que necesitábamos era una buena ley de financiación, que se definieran claramente sus competencias y así poder dar los servicios a la ciudadanía con dignidad”, ha apuntado.

Alberto Tirador, responsable federal de pequeños municipios de IU y actual alcalde del Concejo de Illas (Asturias), también ha participado en la conferencia y lo ha hecho denunciando cómo la denominación propia de la Ley de reforma de la administración local conlleva en sí misma dos falsedades. “Se llama Ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, pero ni es racional ni es sostenible” ha dicho, antes de apuntar lo que para él es el sentido esencial de la norma: “Persigue estrangular a las administraciones más cercanas al ciudadano y, por ello, las más sensibles”.

El alcalde de Illas ha destacado tres aspectos en los que la reforma del PP restringe la capacidad de actuación de los municipios. En lo económico, “porque entiende que las administraciones locales eran derrochadoras cuando la realidad es que su deuda sólo supone un 4% del total, por el 84% de la administración central”. “Los ayuntamientos, los municipios, somos los únicos que hemos reducido nuestra deuda y ahora nueve de cada 10 tienen remanentes en forma de superávit que no pueden utilizar e invertir porque es la administración central la que controla esos fondos. Han aplicado estas reformas únicamente para hacer ver a la UE que estaban tomando medidas”.

Tirador se ha referido después al aspecto de las competencias, que se han recortado “en servicios como la educación, los servicios sociales, la sanidad y la promoción económica, lo que supone un golpe al estado de bienestar”. Esas competencias, ha explicado, “ahora las llevan las Comunidades, lo que neutraliza la posibilidad de que los ayuntamientos reaccionen con prontitud a los problemas de los vecinos y provoca que puedan pasar meses”.

También se ha referido a la “rentabilidad económica” que desde el Gobierno se ha buscado con la reforma local. Por un lado, “iniciando medidas para privatizar los servicios, que en el caso de los pequeños municipios pone en peligro su estabilidad económica”. Por otro, con el intento por “limitar el número de ayuntamientos por el tamaño”.  “En España –ha proseguido- el 72% de los municipios tiene menos de 2.000 habitantes y hay 3.800 municipios con menos de 500 habitantes. La deuda está, sin embargo, concentrada en los grandes municipios como Madrid, Barcelona o Valencia”.

Al tiempo, Tirador ha recordado que la propuesta de reducir el número de cargos públicos como una medida para rebajar el gasto en los ayuntamientos, sólo iba dirigida a “confundir a la opinión pública”, ya que la mayor parte de los concejales “no cobra por su función pública. Sólo perseguían reducir la pluralidad en el ámbito local”.

“Se pretende más tutelaje, menos democracia y menos participación de la ciudadanía en los problemas públicos, pero eliminando los ayuntamientos no va a abaratar a gestión, sino que lo único que va a hacer es entorpecer los servicios de los municipios”, ha dicho Tirador, antes de pedir a la izquierda europea que siga defendiendo a los “pueblos, para que estén al servicio democrático de sus gentes y no de los que quieren hacer negocio a costa de ellos”.