García Rubio señala que "las cajas y bancos nacionalizados deben permanecer en manos públicas para constituir la base de una banca pública"

El responsable federal de Economía y Empleo de IU asegura que “los ciudadanos deben exigir responsabilidades a Rajoy y a su Gobierno por haberles engañado al decir que el rescate bancario no costaría ni un euro a los contribuyentes”

El secretario federal de Economía y Empleo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ante las reiteradas declaraciones del equipo económico del Gobierno de Mariano Rajoy, encabezado por Luis de Guindos, sobre el resultado del rescate bancario ejecutado esta legislatura considera que “pese a las mentiras del Ejecutivo del PP, ha quedado claro que los contribuyentes no van a recuperar el dinero público gastado por este Gobierno para rescatar a bancos y cajas. Rajoy engañó a la ciudadanía cuando afirmó que la operación no costaría ni un euro de los recursos públicos, algo por lo que se le debe exigir responsabilidades”.

García Rubio recuerda que “hasta el momento, tal y como constata el Banco de España, sólo se ha recuperado el 4,3% de los más de 61.000 millones invertidos en el rescate. Todo indica que, finalmente, no se recuperará ni el 50% de la cantidad gastada por el Gobierno del PP en este rescate”.

“Rajoy y su Gobierno -enfatiza- engañaron en un primer momento y siguieron engañando después al afirmar que España no había sido rescatada. Los ‘hombres de negro’ estuvieron en España y no eran fantasmas. El Protocolo firmado con la Unión Europea se aplicó y se impusieron los recortes como consecuencia del crédito facilitado para salvar la Banca”.

El dirigente federal de IU señala que “la ciudadanía ya hemos pagado el coste de la crisis financiera y esas entidades privatizadas y saneadas deben permanecer en manos públicas para asegurar que cumplen su papel de impulso de la economía sostenible y del empleo. Su nacionalización debe ser irreversible“.

Para García Rubio, “que haya una Banca Pública es una necesidad impostergable para la financiación de un nuevo modelo productivo, de acuerdo con criterios democráticos y sostenibles. Es garantía de que el crédito fluye hacia los sectores productivos que pueden pilotar el modelo de desarrollo alternativo. La Banca Pública garantizará el crédito necesario para las pyme”.

En este contexto, el responsable federal de Economía y Empleo de IU recuerda que esta formación propone:

Mantener en el sector público de forma permanente todas las instituciones financieras intervenidas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y proceder a su reestructuración con un criterio autonómico y con fórmulas de confederación. Es decir, constituir estas instituciones en un polo de la Banca Pública española. Esta fórmula ofrecería una extensa red de oficinas, aunque con cierta concentración territorial, y de personal especializado para realizar su tarea de intermediación con garantías de profesionalidad y adecuado control de riesgos. El control de las entidades financieras ha de ser democrático y la Banca Pública no realizará operaciones especulativas ni actuará hacia y desde paraísos fiscales.

Detener cualquier proceso de privatización de las instituciones actualmente intervenidas. Advertimos de que cualquier proceso de esa naturaleza será revertido, examinando cuidadosamente su ejecución y las posibles irregularidades o ilegalidades que hayan podido producirse. La Obra Social de las cajas debe ser recuperada y salvaguardada por el sector público.

Transformar en derechos políticos (es decir, a participar en la gestión efectiva) todas las ayudas públicas de capital y de otro tipo, susceptibles de convertirse en ayudas de capital.

La cartera de participaciones industriales en sectores estratégicos de las instituciones intervenidas (energía, transporte, tecnologías avanzadas, química y farmacia, etc.) debe pasar a la SEPI como contrapartida a la aportación de capital público. Izquierda Unida se opone a cualquier privatización de los mismos.

Los activos inmobiliarios en poder de las empresas inmobiliarias segregadas y/o traspasados a la SAREB deben ser territorializados. Propondremos que las CC.AA. creen Empresas Públicas de Gestión de Vivienda Social. Como método prioritario consideramos un Programa de Vivienda Social en usufructo, que podría ser financiado con cargo a un Plan de Viviendas 2015-2019 y la emisión de cédulas hipotecarias. Esos activos deben ser utilizados para dar una salida a la escasez de vivienda social existente en España.

Éste núcleo de Banca Pública establecería sinergias y relaciones con el ICO y con las Instituciones Públicas de Inversión de las diferentes CC.AA.