Cayo Lara lamenta que los "responsables políticos" de la financiación ilegal del PP "se vayan de rositas" tras el auto que sólo sienta a seis personas en el banquillo del "Caso Bárcenas"

El coordinador federal de IU recuerda que fue la querella presentada por esta formación en 2013 la que dio pie a esta investigación por la que responderán los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, además de este partido como responsable civil subsidiario

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha lamentado hoy que, pese a la apertura de juicio oral anunciado hoy por la Audiencia Nacional por el denominado ‘caso Bárcenas-PP’ y la ‘caja B’ del partido que lidera Mariano Rajoy, los “responsables políticos” y los empresarios donantes que formaron parte de la supuesta trama de financiación ilegal de una formación política y de “uno de los hechos delictivos más graves” de la democracia, “se vayan a ir de rositas”.

Lara hizo una primera valoración a los medios en los pasillos del Congreso poco después de conocerse el auto de apertura de juicio oral por este caso que firma el juez José de la Mata, en el que sienta en el banquillo a los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, además de al también ex gerente de esta formación Cristóbal Páez. También serán juzgadas otras tres personas vinculadas a la empresa Unifica, que realizó las obras de remodelación de la sede de los ‘populares’ en la madrileña calle Génova. El auto también establece que el partido de Rajoy afronte en el plazo de 10 días el pago de una fianza civil de 1,2 millones de euros si no quiere sufrir el embargo de sus bienes. 

El máximo responsable de IU recordó que fue la querella presentada por IU en febrero de 2013 la que dio pie a esta investigación por la que responderán los ex cargos del PP mencionados y este mismo partido como responsable civil subsidiario.

 No obstante, Lara consideró que aunque “está bien” que se abra juicio por este caso, es “absolutamente lamentable” que vaya a haber “impunidad” para los responsable políticos de la trama y los empresarios que donaron los recursos que acabaron en la ‘caja B’ del PP. Indicó que “18 años de financiación ilegal (como recogen los escritos del primer juez instructor, Pablo Ruz, y de la Fiscalía), pero estos se van a marchar de rositas”. 

Para el coordinador federal de IU, la resolución judicial que se plantea no supone “ninguna ejemplaridad” para los ciudadanos ni para los empresarios, “que ven que se pueden hacer estas actividades en la impunidad más absoluta”. 

Aseguró también que si no se hubiera hecho la reforma de la sede central del PP en Madrid “el escándalo más gordo de financiación ilegal de la democracia” habría “quedado en agua de borrajas”, al tiempo que lamentó que la mayor parte de la fianza que ahora se reclama al PP sea únicamente por el delito fiscal que se habría cometido al no pagar los impuestos correspondientes a esa rehabilitación. 

Cayo Lara recordó también que pese a las investigaciones realizadas y la apertura de juicio oral ahora decidida no se ha llegado a averiguar “qué pasó con los 48 millones de Bárcenas” en cuentas en el extranjero, ni “con los ‘discos duros’ que fueron destrozados y no entregados al juez, por qué Pablo Ruz tuvo que mandar a la Policía a Génova (calle donde se ubica el edificio central de los ‘populares’) a recabar datos ante la obstrucción a la Justicia, ni qué ha pasado con los sobres que se repartieron a diestro y siniestro en la sede del PP” entre sus dirigentes. 

En concreto, el juez instructor reclama algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar Unifica en sus trabajos de reforma para el PP, así como 220.000 por la cantidad que los ‘populares’ dejaron de ingresar en Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008, año en el que recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 euros. 

Además de los responsables ‘populares’ Bárcenas, Lapuerta y Páez, también serán juzgados los socios de Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García, así como su empleada Laura Montero. El juez les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública.