IU, como acusación, espera que la justicia ahora sí llame a declarar al PP como responsable de la destrucción de los discos duros de Bárcenas tal y como reclamó hace más de dos años.

Izquierda Unida muestra su “satisfacción” por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de ordenar la reapertura de las diligencias en las que se investiga el borrado de los ordenadores y destrucción de los discos duros que usaba el ex tesorero del PP, que estaban custodiados en la sede ‘popular’

Izquierda Unida, personada como acusación en este caso, muestra su “satisfacción” por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de ordenar la reapertura de las diligencias previas en las que se investiga el borrado de los ordenadores y destrucción de los discos duros que utilizaba el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que estaban custodiados en la sede del Partido Popular. Del mismo modo, IU “confía” en que la responsable del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid -que decidió el archivo hace más de dos años sin haber practicado prueba alguna y sin tomar declaración a ningún imputado o testigo- “atienda la demanda original que desde Izquierda Unida planteamos desde un principio y ahora sí cite a declarar como imputado al PP, después de la actuación que dirigimos en octubre de 2013 contra este partido como persona jurídica, al considerarlo penalmente responsable de los hechos”.

Se da la circunstancia de que esta querella formalizada por Izquierda Unida fue la primera presentaba en España contra un partido político después de la reforma del Código Penal realizada en enero de 2014 que así lo permitía.

IU presentó la querella sobre este asunto en los juzgados de Madrid el 17 de octubre de 2013. Apenas dos semanas después, el 30 de octubre, sin que el juzgado competente practicara ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída. Este sobreseimiento fue recurrido en apelación y, antes de que se resolviera, se produjo ‘supuestamente’ el extravío de la causa en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y la Audiencia Provincial de Madrid, que es el órgano judicial que debía resolver los recursos.

Desde Izquierda Unida se asegura que “esperamos que a partir de la decisión tomada ahora por la Audiencia Provincial y el espaldarazo recibido por nuestra acusación se ponga fin esta rocambolesca historia. La justicia debe empezar a funcionar con normalidad y esperamos que se atiendan las argumentadas demandas sobre este caso que desde el primer momento hemos hecho como acusación”. 

El PP alegó en su momento que los discos duros fueron destruidos para garantizar la confidencialidad de los datos que almacenaban debido a su ‘alto nivel de criticidad’. Por su parte, la Audiencia Provincial rechaza ahora estos argumentos y asegura que aunque los ordenadores fueran propiedad del PP éstos son ‘sólo el continente’ y este partido no es el propietario de los ficheros electrónicos almacenados, salvo que así lo disponga una regulación pactada con sus empleados.

Además, los tres jueces de la Audiencia Provincial que han decidido la reapertura de las diligencias estiman que el sobreseimiento de la causa se adoptó sin haber practicado ninguna investigación e indican que se desconoce, quien o quienes ordenaron en la sede del PP la destrucción de los discos duros.

El auto de este órgano judicial constata que ‘era público y notorio que Bárcenas estaba siendo sometido a investigación penal por graves delitos’, por lo que apunta que antes de decidir sobre la causa se debe interrogar al ex tesorero del PP y consultar los datos que aportó a la Audiencia Nacional en un pen drive y varias carpetas.

Izquierda Unida fue también quien con anterioridad, en febrero de 2013, presentó en la Audiencia Nacional la querella criminal que dio pie a la investigación del denominado ‘caso Bárcenas-PP’, a partir de la publicación de los ‘papeles de Bárcenas’ sobre la doble contabilidad del partido de Mariano Rajoy, su presunta financiación irregular, así como el supuesto cobro de comisiones ilegales y el reparto de sobresueldos.

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional consideró que el caso de la destrucción de los discos duros y el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas en el PP no era de su competencia. Tras advertir que esta ‘manipulación’ de los datos contenidos en los dispositivos empleados por el ex tesorero del PP podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos, la investigación recayó en el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, que será quien ahora continué con ella tras este parón de más de dos años.