Garzón y Alonso piden que el ministro de Fomento explique con urgencia en el Congreso su anuncio de que el Estado se quedará con las 8 autopistas en quiebra y con su deuda

Los parlamentarios de Izquierda Unida y de En Comú Podem quieren detalles de cómo se piensa ejecutar esta operación, más después de conocer las declaraciones de Iñigo de la Serna de que el Gobierno tiene ‘muy difícil’ llegar a un acuerdo con los bancos acreedores  

El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, junto al diputado de En Comú Podem Félix Alonso -en su calidad también de portavoz titular del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en la Comisión de Fomento- han registrado esta tarde la petición de comparecencia urgente en el Congreso del ministro titular de esta cartera, Íñigo de la Serna. Ambos parlamentarios quieren que dé explicaciones y aclare las declaraciones realizadas esta mañana en un medio de comunicación “anunciando que las autopistas de peaje en quiebra o en riesgo de liquidación revertirán al Estado y que el principal objetivo del Gobierno es que dichas infraestructuras sigan operativas”.

La pretensión del Gobierno del PP es quedarse ahora con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación alcance o no un acuerdo con los bancos acreedores de las mismas, que en su totalidad han acumulado una deuda cercana a los 3.400 millones de euros.

En concreto, el ministro de Fomento aseguró que la intención del Gobierno del PP del que forma parte es ‘que reviertan al Estado y que el Estado decida cómo gestionarlas’ y, además, reconoció textualmente que ‘estamos intentando negociar con los bancos para ver si es posible un acuerdo que facilite las cosas, pero es complicado, es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda’.

Se da la circunstancia de que en dos de estas autopistas, las radiales de Madrid R-3 y R-5, el Estado se verá en la obligación de asumirlas antes de julio de 2017 por un acuerdo alcanzado ya por el Ministerio de Fomento con la autoridad judicial, que en mayo pasado dictó su liquidación ‘sin efectos suspensivos’.