Unidos Podemos registra su Proposición de Ley sobre la eutanasia para “legalizar su práctica y garantizar su acceso en todo el Estado a quien pueda solicitarla”

La diputada Eva García Sempere señala que podrían solicitar su aplicación aquellos/as pacientes que padezcan una enfermedad terminal “sin esperanza”, así como dolores físicos o psíquicos “intolerables”

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado esta mañana en el Congreso su Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia con el objetivo principal de “legalizar su práctica y que se pueda garantizar el acceso a la misma de forma universal en todos los territorios del Estado a aquellas personas que la soliciten”, como ha resumido la diputada de Unidos Podemos, Eva García Sempere.


García Sempere ha sido la encargada de exponer y desarrollar el contenido concreto de esta proposición de ley, junto a las parlamentarias del mismo grupo Marta Sibina y Ángela Rodríguez, en una rueda de prensa celebrada minutos después de registrar formalmente en la Cámara Baja el texto. Éste recoge un apartado específico para que se proceda a la modificación del actual Código Penal para que los profesionales de la medicina que acuerden realizar la eutanasia no sean penalizados.

De igual forma, se indica que podrán solicitar lo que se considera como un derecho los/las pacientes “mayores de 18 años o menores emancipados” que padezcan una enfermedad terminal “sin esperanza”, así como dolores físicos o psíquicos “intolerables”, como explicó García Sempere.

La diputada de Izquierda Unida por Málaga detalló que deben ser los médicos o psicólogos los encargados de elaborar los informes pertinentes para aprobar o denegar la su solicitud de cada persona en relación a la eutanasia. Ésta tendrá que hacerse por escrito, en un documento firmado por el paciente en presencia del médico responsable, repitiéndose de manera general en, al menos, dos ocasiones con una separación de 15 días. Si el facultativo que se ocupe del caso entiende que la muerte de la persona o la pérdida de su capacidad para expresar su consentimiento son inminentes, se aceptará un periodo inferior a esas dos semanas.

La iniciativa registrada hoy deja claro que el demandante de eutanasia podrá revocar su solicitud en cualquier momento. Tanto el documento de petición como de la posible revocación serán adjuntados a la historia clínica del paciente. García Sempere especificó en su explicación que, en cualquier circunstancia, la causa de la muerte a todos los efectos legales y burocráticos “será por causas naturales”.

Eva García Sempere recordó que, a día de hoy, se penaliza a los médicos que tengan cualquier relación en un proceso de muerte asistida. Especificó que de ahí las modificaciones pertinentes en el Código Penal que se incluyen en la propuesta para acabar con ello, junto al desarrollo normativo para que todo profesional que quiera tengan también derecho a objetar de esta práctica. No obstante, los servicios sanitarios públicos deberán garantizar el derecho del paciente a poder solicitar la eutanasia si la evaluación de su caso es positiva.

La diputada de IU dentro del grupo confederal de Unidos Podemos señaló también que si un paciente está a cargo de un médico que haya objetado, este profesional “tendrá que ofrecer los servicios de otro equipo médico” que esté de acuerdo con esta práctica.

La proposición de ley orgánica tiene también muy en cuenta la importancia de que se traslade su contenido final, una vez que se tramite a nivel parlamentario, a las comunidades autónomas, que disponen de sus propias competencias sanitarias.

La diputada de En Comú Podem Marta Sibina indicó que existen comunidades, “con Andalucía a la cabeza”, que han desarrollado leyes específicas sobre esta materia, si bien comentó que esta nueva ley a nivel estatal es necesaria para “dar un paso más”, igual que ya ha sucedido “en países de Europa como Bélgica o los Países Bajos, así como en varios estados de Estados Unidos o Canadá, entre otros”.

El texto registrado establece la creación de dos comisiones, una autonómica y otra estatal. La primera será un órgano consultivo y de asesoramiento para las consejerías y realizará un informe anual para controlar el cumplimiento de la norma en las comunidades. La segunda recogerá los documentos autonómicos anuales, que tendrán validez para hacer un estudio completo de lo que situación de la eutanasia a nivel estatal.

La diputada de En Marea Ángela Rodríguez destacó que “la autonomía es el gran hilo conductor” para esta ley, que en todo momento recoge los “valores constitucionales de libertad y dignidad”. Especificó que la “muerte digna debe ser una cuestión de Estado”.

Por último, y a preguntas de los periodistas, la diputada de IU García Sempere comentó que a partir de ahora se abre un periodo para contactar con el resto de grupos parlamentarios para conseguir los apoyos suficientes para su aprobación.