IU, junto a diversas asociaciones, presenta una querella criminal contra el PP por, entre otros, delito fiscal y electoral

La formación que coordina Alberto Garzón, en unión de las organizaciones que presentaron la ‘Querella Bárcenas’ en 2013 y de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, registran en la Audiencia Nacional una querella para que se incorpore a las diligencias que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción nº6 por la ‘Operación Lezo’ que persigue el desfalco de dinero público en el Canal de Isabel II

La querella aporta una argumentación consistente para imputar a Esperanza Aguirre y a otras personas supuestamente implicadas, además de al propio Partido Popular, por un delito contra la Hacienda Pública y un delito electoral, entre otros

En las últimas semanas, tras el arresto de varios dirigentes y ex cargos públicos del Partido Popular se ha conocido la existencia de una presunta organización criminal. Se utilizaba el poder político de este partido en la Comunidad de Madrid, a través del Gobierno regional y distintas empresas de carácter público, como el Canal de Isabel II (CYII) o ICM, para obtener de forma ilícita distintas contrataciones públicas a favor de diferentes empresas. A cambio, los empresarios abonaban importantes comisiones económicas, en ‘dinero negro’, tanto a las personas que formaban parte de dicha organización criminal, como también presuntamente, al propio PP.

Este es el motivo que ha llevado a buena parte de las organizaciones que mantienen la acusación popular en la conocida como ‘Querella Bárcenas’, ligada a los papeles del ex tesorero y ex senador 'popular, a presentar hoy una querella en la que se recogen y documentan estos hechos. A la querella impulsada por IU se han sumado distintas organizaciones que han venido trabajando en el marco de la Plataforma contra la Privatización del CYII.

Las organizaciones firmantes de la querella, además de Izquierda Unida, son Ecologistas en Acción, Equo, Paz con Dignidad-OMAL, ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Anticapitalistas, Corazón Verde de Chamberí y la Federación Los Verdes.

Su intención es poder ejercer la acusación popular, es decir, poder realizar un seguimiento independiente y vigilante de la instrucción, sobre todo ante la alarma social generada al ver que importantes sectores de la política, la empresa, la Fiscalía y algunos medios de comunicación se han conjurado aparente y presuntamente para saquear bienes públicos. En este caso, utilizaban a la Administración pública madrileña para un expolio que luego se traduce en falta de recursos públicos y recortes sociales. Sin olvidar la alarma que genera que el propio portavoz parlamentario de PP en el Congreso de los Diputados haya manifestado la pretensión del PP de limitar el ejercicio de la acusación popular.

Entre las operaciones de índole criminal que la red ha perpetrado presuntamente destacan las actividades en el extranjero de sociedades vinculadas al CYII (se compraban sociedades con un elevado sobreprecio que luego revertía en forma de comisión o soborno), la adjudicación irregular de contratos dentro de la empresa pública Mercasa, la evasión fiscal y blanqueo de capitales mediante el uso de paraísos fiscales, el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras como la construcción del tren a Navalcarnero, la adjudicación irregular a familiares o amigos de obras de ejecución como la disparatada instalación de un campo de golf en el madrileño barrio de Chamberí (declarada ilegal por la justicia) o la desviación de fondos públicos desde la agencia madrileña de informática, ICM, para el pago de gastos electorales del PP.

Hay que destacar el presunto papel nuclear y de auténtico ‘capo’ del ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP madrileño, Ignacio González. También destacan Pablo M. González, hermano del primero y directivo de la empresa pública MERCASA; Edmundo Fernández Sobrino, ex presidente de INASA, sociedad dependiente de la sociedad de capital público CYII, o Ildefonso de Miguel, ex gerente del CYII, sin olvidar a José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la agencia de informática de la Comunidad de Madrid (ICM).

A todos ellos se les imputan un buen número de delitos dentro de la querella que acaba de presentarse. Del mismo modo se pide la imputación de destacados empresarios, como Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL, o Javier López Madrid, consejero delegado de esta misma compañía, por una presunta reiteración delictiva.

La acusación popular también pide en su querella que se investigue el desvío de fondos públicos desde ICM para el pago de gastos electorales del Partido Popular (566.497,58 € en 2012 y 121.000 € en 2013). Esta petición resulta muy relevante porque desde finales de 2012, con la nueva redacción del Código Penal (recogida en la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre), los partidos pasan a ser, como personas jurídicas, plenamente responsables penales de actuaciones como la descrita.

Por ello, como se argumenta en la querella, se pide la imputación del PP por un delito contra la Hacienda Pública (estos fondos eran opacos al fisco) y por delito electoral, toda vez que buena parte de los fondos ilícitos se empleaban en las campañas del partido, tanto de Madrid como nacional. Además, se aportan argumentos para imputar por cohecho, estafa, tráfico de influencias y blanqueo de capitales al partido que lidera Mariano Rajoy.

También parece evidente que la actual cúpula del PP ha maniobrado para encubrir los delitos cometidos por Ignacio González y sus cooperadores. Para la acusación popular existen elementos suficientes para que este delito de encubrimiento se impute a Esperanza Aguirre, además de otros destacados miembros del partido. Existen abundantes indicios de que la ex presidenta tenía supuestamente pleno conocimiento de la información que manejaban los ex tesoreros Lapuerta y Bárcenas, así como de las advertencias hechas por el ex alcalde de Leganés del mismo partido. De igual forma, parece que fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su secretario seneral cuando ella presidía el PP de Madrid. Lla querella argumenta también su posible papel como cooperadora en los presuntos delitos fiscal y electoral del PP.

En definitiva, hay más que nunca sobradas razones para ejercer una acusación popular por parte de las organizaciones querellantes, que esperan ahora que el juez instructor, Eloy Velasco, las admita lo antes posible.

Consulta el texto de la querella [PDF]