El Gobierno pone nuevas excusas a IU para evitar exigir a la Fundación Francisco Franco que devuelva al Estado todos los documentos clasificados que tiene en su poder

El Ejecutivo justifica su inacción y se limita a responder por escrito a Alberto Garzón que “respecto de la documentación referida a funciones del Consejo de Ministros y la Jefatura del Estado, se debe proceder al correspondiente inventario y valoración, con pronunciamiento del Servicio Jurídico del Estado y su posterior ubicación y tratamiento técnico atendiendo a su clasificación”

El Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto nuevas excusas a Izquierda Unida para evitar exigir ya a la Fundación Nacional Francisco Franco que devuelva al Estado toda la documentación oficial propia del Consejo de Ministros y de la Jefatura del Estado en diferentes etapas, así como otro tipo documentos públicos clasificados que obran en su poder afectados por la Ley de Secretos Oficiales y otras normas sobre protección de datos.

Tras años de tener constancia práctica de que esta documentación está en manos de la citada fundación y después de meses de sucesivas iniciativas parlamentarias de IU para su devolución, el Ejecutivo responde ahora por escrito al coordinador federal, Alberto Garzón, que “respecto de la documentación referida a funciones del Consejo de Ministros y la Jefatura del Estado, se debe proceder al correspondiente inventario y valoración, con pronunciamiento del Servicio Jurídico del Estado y su posterior ubicación y tratamiento técnico atendiendo a su clasificación”. Nada sobre su devolución para su custodia pública pese al largo tiempo transcurrido.

Esta respuesta del Gobierno obedece a la última suma de iniciativas parlamentarias sobre este asunto que Garzón planteó el pasado mes de junio. Entre ellas estaba una batería de preguntas por escrito que, entre otras cuestiones, pedía una respuesta clara sobre “¿qué medidas ha tomado el Gobierno para exigir a la Fundación Nacional Francisco Franco que entregue la documentación afectada por la normativa sobre secretos oficiales?” o si “¿existe algún precedente sobre documentación clasificada que esté custodiada por una entidad de carácter privado?”

El Ejecutivo del PP se limita a reiterar en su texto que, sobre esta documentación, “y una vez analizada la misma por los técnicos facultativos del Centro Documental de la Memoria Histórica, se adoptaron las medidas oportunas para retirar de la consulta pública los materiales considerados afectados por la normativa sobre secretos oficiales, comenzando por la remisión de un escrito a la Fundación Francisco Franco -desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- para retirar la documentación del acceso público, así como la información a los organismos competentes para la protección de los documentos mencionados e impedir la divulgación de su contenido”.

El propio Alberto Garzón ya había reclamado el pasado mes de junio de manera oficial esta misma carta, cuya copia le hace llegar también ahora el Gobierno. Con su simple lectura se observan importantes contradicciones frente a las excusas que da el Ejecutivo de Rajoy para no exigir ya a la Fundación Nacional Francisco Franco que devuelva toda esta documentación clasificada.

Mientras señalan al coordinador federal de IU que antes de tomar ninguna medida “se debe proceder al correspondiente inventariado y valoración” de la documentación, en esa carta que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte remitió al presidente de la fundación franquista el pasado 1 de marzo queda constancia de que el Gobierno no sólo dispone desde hace años de los “índices del archivo” de esta fundación, sino que desde 2011 el Centro Documental de la Memoria Histórica tienen “copia en microfilm” de toda esta documentación.

Desde el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se especifica en la misiva que se trata de la “copia en microfilm que ustedes entregaron en su día como contrapartida obligatoria por las ayudas recibidas por esa Fundación entre los años 2000 y 2003 para el desarrollo de proyectos e infraestructuras archivísticas”.

Además, estos documentos ya han sido analizados con anterioridad, lo que debería haber facilitado la exigencia de devolución de los que tienen carácter clasificado. Lo demuestra que en la propia carta se explica que “revisado el contenido del fondo por el Director del Archivo de la Guerra Civil del Centro Documental de la Memoria Histórica, éste puso en conocimiento del director del Centro, en primer lugar, y, posteriormente, del Subdirector General de los Archivos Estatales la existencia de documentos propios del Consejo de Ministros y de documentos de otras naturalezas que, a su juicio, deberían tener restricciones de acceso en virtud de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, y las disposiciones posteriores de desarrollo de la Ley, así como en virtud de la normativa de protección de datos”.