IU registra una ambiciosa iniciativa que insta al Gobierno a “blindar” el gasto educativo mínimo “en el 5% del PIB” y subirlo “hasta alcanzar el 7%” antes de 6 años

El diputado y portavoz parlamentario de Educación, Miguel Ángel Bustamante, que firma la proposición, plantea que se dé “prioridad a los planes y medidas para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria, así como a los programas específicos de refuerzo, mejora y compensación educativa dirigidos a colectivos, centros o zonas que presenten mayores índices de fracaso o abandono escolar”

Izquierda Unida, a través de su diputado y portavoz parlamentario en materia de Educación, Miguel Ángel Bustamante, ha registrado hoy una ambiciosa iniciativa para, entre otras cuestiones, conseguir un “blindaje” del gasto educativo mínimo “en el 5% del PIB”, y aumentarlo “progresivamente hasta alcanzar un 7% del PIB en un periodo no superior a 6 años”. En la iniciativa se recomienda al Gobierno del PP que el dinero necesario para este importante gasto social puede conseguirlo “detrayéndolo en su caso de partidas presupuestarias destinadas a rescates bancarios, gastos militares o rescates de autopistas y grandes empresas”.

Izquierda Unida insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy en el primero de los apartados efectivos incluidos en esta proposición no de ley a que revierta los sucesivos recortes impuestos en materia educativa y promulgue “una Ley de Financiación del sistema educativo que garantice las inversiones y los recursos necesarios para la sustancial mejora de la Educación de titularidad pública, desde la Educación Infantil hasta la Superior, en sus diferentes etapas y modalidades, de modo que se eviten vaivenes y drásticos recortes presupuestarios con pretextos como la crisis o el control del déficit público. La financiación educativa ha de ser suficiente, sostenida y equitativa”.

La iniciativa registrada hoy por Bustamante apunta también a la creación de un “Fondo de Compensación Educativa destinado a actuaciones que aseguren la equidad en el ejercicio del derecho a la educación en todo el territorio, desde la Educación Infantil a la Enseñanza Superior”.

“Las actuaciones llevadas a cabo en cada comunidad autónoma -detalla el texto- serán cofinanciadas desde los Presupuestos Generales del Estado, con carácter finalista. Se dará prioridad a los planes y medidas para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria, así como a los programas específicos de refuerzo, mejora y compensación educativa dirigidos a colectivos, centros o zonas que presenten mayores índices de fracaso o abandono escolar. Se revisarán periódicamente para así asegurar su contribución a mejorar las condiciones del alumnado”.

Miguel Ángel Bustamante advierte de la “realidad” que soporta ahora la Educación Pública, que no es otra que un “ataque constante desde la imposición del nuevo artículo 135 de la Constitución y la promulgación de la LOMCE”. Valora que este “constante deterioro” tiene su origen en “una constante pérdida de fondos derivada de los recortes en inversión y gasto público con los que está sometiendo el Gobierno a todas las administraciones públicas”.

Para Izquierda Unida, “sólo el esfuerzo continuo del conjunto de la comunidad educativa ha conseguido paliar los efectos de los recortes y la rebaja en la inversión educativa de estos años. La resistencia de docentes, familias y alumnado a la hora de mantener la calidad y dignidad de la Escuela Pública frente a una acción gubernamental tan dañina para ella da cuenta de la inmensa riqueza y el potencial de nuestra comunidad educativa”.

Izquierda Unida respalda estas valoraciones con datos oficiales concretos: el último informe del propio Ministerio de Educación titulado ‘Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2017’ muestra que en 2014 la OCDE invirtió de media en las instituciones educativas de Primaria a Terciaria un 5,2% del PIB, por un 4,9% de la UE-22, mientras que en España la media fue de un 4,3%. Los países más desarrollados alcanzaron cifras de más de un 7% del PIB. Si se toma el porcentaje que supone el gasto público en educación sobre el gasto público total del Estado, España destinó en el mismo 2014 el 8,2%, tres puntos porcentuales menos que la media de la OCDE (11,2%) y más de un punto y medio por debajo de la UE22 (9,9%). No hay que olvidar que en 2005 España destinaba el 9,4% de su gasto público a educación.