IU denuncia el modelo “radicalmente neoliberal que impone el Gobierno con el nuevo sistema de acreditación para el acceso y promoción del profesorado universitario” cuyos requisitos cambian desde hoy

•    Enrique Díez, responsable del Área Federal de Educación, advierte del “incremento de la precariedad que acarrea estos nuevos criterios” que, además, “determinan de manera crucial las condiciones de trabajo del profesorado universitario, algo que se hace sin un verdadero proceso de negociación colectiva, que es un derecho básico de nuestra normativa”

•    Izquierda Unida adelanta que llevará en breve a debate en el Congreso de los Diputados una detallada iniciativa parlamentaria para clarificar y acabar con los graves problemas que generan estos cambios

Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, denuncia el “modelo radicalmente neoliberal que busca implantar el Gobierno del PP con el nuevo sistema de acreditación para el acceso y promoción en los cuerpos docentes universitarios”, cuyos requisitos cambian a partir de hoy.

Enrique Díez, responsable federal de este área, advierte de que “ahora se imponen unos criterios de acreditación que determinan de manera crucial las condiciones de trabajo del profesorado universitario y se hace sin un verdadero proceso de negociación colectiva, que es un derecho básico de nuestra normativa, y en función de un procedimiento que nadie conoce”.

Díez muestra su coincidencia con CC.OO para que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, “haga públicos los informes, análisis previos y estudios en los que se han apoyado las comisiones para sacar adelante el Real Decreto 415/2015 -que modifica el anterior de 2007- por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, que han desembocado en el aval y justificación de estos cambios de criterios”.

Izquierda Unida respalda la demanda sindical para que se derogue ese Real Decreto 415/2015 y se habilite transitoriamente el anterior sistema de acreditación del Real Decreto 1312/2007. “Hay que negociar un nuevo sistema de acreditación -señala el dirigente de IU- consensuado con la comunidad académica que sea transparente, permita la autoevaluación de los candidatos y valore los méritos académicos objetivamente”.

Esta formación adelanta que llevará en breve a debate en el Congreso de los Diputados una detallada iniciativa parlamentaria para tratar de clarificar y acabar con los graves problemas que generan estos cambios.

Para Enrique Díez, “han sido dos años perdidos y con el sistema de acreditación paralizado. Todo esto sólo ha servido para imponer los méritos ya publicados hace tiempo, incumpliendo el compromiso de revisar los criterios para hacerlos más racionales, adaptarlos a la realidad, y que fueran similares en cuanto a exigencia a los anteriores según los compromisos que adquirieron el Educación y la ANECA”.

El responsable federal del Área de Educación de IU apunta que la evaluación del profesorado universitario “debe ser un proceso transparente, sin criterios que den lugar a la subjetividad, autoevaluable y adecuado a la realidad docente e investigadora de cada área de conocimiento. No se pueden fijar máximos, sino los mínimos necesarios para que se pueda acceder a un concurso en el que, como en cualquier oposición a funcionario, el tribunal establezca qué candidatos o candidatas alcanzan la máxima puntuación con sus méritos”.

Díez constata que “los requisitos para la nueva acreditación a los cuerpos docentes universitarios son absolutamente desproporcionados, ligados a valoraciones subjetivas y discrecionales, y difícilmente auto evaluables por la propia persona solicitante”.

“El endurecimiento es tal -avisa- que en diversas áreas las exigencias máximas del anterior sistema se han transformado en requerimientos mínimos en el actual. Estos criterios generan, además, desigualdad y frustración entre el profesorado universitario puesto que algunos de los méritos son prácticamente imposibles de alcanzar en algunas áreas. Se bloquean así las aspiraciones legítimas para que quienes inician su carrera docente e investigadora desarrollen su trayectoria académica y de promoción”.

Se exige un número exagerado de publicaciones en revistas de impacto mundial, así como autorías preferentes (cuando los artículos suelen estar vinculados a proyectos y ser de autoría múltiple). Esto es especialmente lesivo para el profesorado no permanente o doctor contratado, que no puede haber sido investigador principal en dos proyectos competitivos, requisito para cumplir esas condiciones.

No se contempla la interdisciplinaridad de las actividades del profesorado (especialmente en investigación) y se impulsan modelos de competencia individual que no se corresponden con el modelo de cooperación científica que hace avanzar la ciencia, al tiempo que se fomenta la fragmentación de los grupos de investigación interdisciplinares.

El concepto de ‘excelencia’ propuesto se equipara a ‘hiperproductividad’, lo que no suele ser equivalente. ‘Hiperproductividad’ que se recorta a ‘…los últimos diez años’ en muchas ocasiones y que no atiende a la especificidad del ritmo de la producción científica de muchas áreas de conocimiento.

Además, cuando preparar la acreditación universitaria es un proceso que dura años, “que cambien los criterios sobre la marcha, subiendo exageradamente el listón, es una falta de respeto al trabajo de miles de profesores y profesoras. El propósito de un cambio así debería estar orientado al interés general para generar oportunidades asequibles para una mayoría”, valora Díez.

“Pero todavía más peligroso -apunta- es que reorienta la Universidad hacia un modelo gerencial de corte neoliberal que privilegia a determinadas élites, valorando y premiando la gestión como si se tratara de una empresa. El peso que da a la gestión es claramente desproporcionado y desequilibrado, hipervalorando la permanencia en determinados cargos universitarios designados”.

Para Enrique Díez, “el problema de fondo es que los responsables del Ministerio de Educación no se han querido sentar con los agentes sociales para acordar de una vez las bases de lo que debe ser un profesor o profesora universitaria, ni establecer un modelo de carrera profesional académica, a través del Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas Españolas (contemplado ya en la LOM-LOU 4/2007)”.

Por todo ello, “coincidimos plenamente con la exigencia de los sindicatos de un verdadero proceso negociador. Denunciamos las formas impositivas y dictatoriales de proceder de Educación, con su ministro Íñigo Méndez de Vigo al frente, y de la ANECA. Defendemos un procedimiento de acreditación transparente, autoevaluable y que valore, sin arbitrariedades, los méritos académicos de unos profesionales universitarios que realizan un trabajo encomiable en medio de unas políticas neoliberales totalmente adversas”.