Albiol solicita a Juncker que pida datos al Gobierno de Rajoy de las duras multas a los estudiantes que protestaron durante su investidura en la Universidad de Salamanca

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo detalla al presidente de la Comisión Europea la forma en que han sido sancionados con 3.000 euros en aplicación de la ‘Ley Mordaza’ cinco de los estudiantes que protestaron pacíficamente contra los recortes en la educación pública mientras era nombrado doctor ‘honoris causa’

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha solicitado por carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que se dirija al Gobierno español y le pida información sobre las multas por valor de 3.000 euros impuestas a cinco estudiantes por protestar de forma pacífica durante su visita a la Universidad de Salamanca en noviembre del año pasado para ser investido como doctor ‘honoris causa’.

Cada estudiante tendrá que pagar 600 euros por la supuesta “alteración grave del orden público y resistencia a la autoridad” que se les achaca –a pesar de que las imágenes disponibles del evento muestran lo contrario-, en aplicación del artículo 36.1 de la conocida como ‘Ley Mordaza’. Albiol informa a Juncker de que la forma en la que el Gobierno de Mariano Rajoy impone la represión de la protesta social vulnera varios artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Marina Albiol constata en su escrito que los cinco estudiantes protestaron de forma pacífica con unos carteles contra los recortes en educación cuando dio comienzo el acto académico y que luego “fueron violentamente sacados de la sala y detenidos por las fuerzas policiales, hechos por los que dos de ellos sufrieron lesiones de las que tienen parte médico”. Además, permanecieron varias horas retenidos e “interrogados sobre diversos asuntos, incluyendo sus posiciones políticas”, añade.

“Estas multas se fundamentan en la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’, aprobada por el Gobierno español en 2015. Esta ley tiene como objetivo claro limitar y criminalizar la protesta social, y ya ha sido criticada por la Corte Europea de Derechos Fundamentales, ya que incumple diversas obligaciones internacionales adquiridas por el Estado español en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, incluyendo legislación comunitaria”, ilustra Albiol a Juncker.

La eurodiputada de IU muestra su preocupación por el “peligroso precedente que esto supone para el cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Fundamentales”, ya que “la situación de estos cinco estudiantes es un ejemplo claro de cómo la actual legislación infringe sistemáticamente los artículos 10, 11 y 12 de la Carta relativos a la libertad de pensamiento, expresión, información, asamblea y asociación, además del Artículo 49 relativo al principio de proporcionalidad de las penas”.

“Consideramos que, como presidente de la Comisión Europea y habiendo estado directamente involucrado en esta situación, es fundamental que trabaje por defender los derechos mencionados, todos ellos recogidos en la legislación europea”, indica la portavoz de IU.

Añade, además, que en los últimos años “diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación” de represión de la protesta en el Estado español, y que “esto socava claramente la credibilidad de la Unión Europea como institución que dice defender los derechos humanos”.

Por todo ello, Marina Albiol concluye su carta solicitando que “abran un diálogo con las autoridades españolas lo antes posible para asegurar que se garantizan los derechos recogidos por la legislación europea”.