El PSOE suma fuerzas con PP y C's en la Mesa del Congreso para tumbar la comparecencia en abierto de la ministra de Hacienda que reclamó IU ante las acusaciones que incriminan al rey emérito

El Grupo Socialista comparte postura con las dos formaciones de derechas para aceptar como excusa que las explicaciones que pudiera dar María Jesús Montero vulnerarían, entre otros, el artículo 56.3 de la Constitución que consagra que ‘la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad’

El PSOE sumó fuerzas con el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso que se reunió ayer por la tarde para tumbar la petición de comparecencia impulsada por Izquierda Unida y que firmaba Alberto Garzón para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicara en abierto, en la comisión del Congreso que corresponde a su departamento, “las acciones que su ministerio va a emprender a la hora de investigar las posibles estructuras opacas al fisco creadas por el rey emérito Juan Carlos de Borbón”.

La comparecencia planteada por IU incluía también conocer si Hacienda piensa actuar ante los datos aparecidos en informaciones y grabaciones que señalan que el anterior jefe del Estado está en posesión de “cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans y la utiliación de testaferros como Corinna zu Sayn-Wittgenstein a la hora de ocultar propiedades y patrimonio en el extranjero”.

Izquierda Unida se encargó de tramitar desde un principio esta comparecencia para que se celebrara en abierto, con acceso público a las declaraciones, y reforzando así las otras solicitadas a puerta cerrada, en la comisión de secretos oficiales, de la ministra de Defensa, Margaritas Robles, y del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

Para echarla por tierra, PSOE, PP y Ciudadanos no han tenido ningún problema en aceptar como excusa el artículo 56.3 de la Constitución, que consagra que ‘la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad’, además del artículo 65 que, con una interpretación muy tangencial en relación al caso que nos ocupa, señala que ‘el rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma’.

Los miembros de la Mesa contrarios a que la ministra de Hacienda tuviera que explicarse en el Congreso también han dispuesto el recurso al artículo 95 de la Ley General Tributaria, que alude al ‘carácter reservado’ de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria.

Izquierda Unida siempre ha defendido que “en ningún momento se plantea a ningún compareciente ir contra este artículo 95, sino que, en la misma línea manifestada por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), se solicita que la Agencia Tributaria, que depende de la ministra de Hacienda, investigue indicios aparecidos en los medios sobre posibles delitos que habría podido cometer Juan Carlos de Borbón”.

Además, en relación con la ‘inviolabilidad’ y la libertad de actuación con el dinero por parte del actual rey emérito, IU también comparte opinión con los técnicos de Hacienda sobre que Juan Carlos de Borbón “está obligado a declarar todos sus bienes en el extranjero en el modelo 720 desde el año 2013”.

Gestha ha recordado ya que de acreditarse que el anterior jefe del Estado es el verdadero titular de un terreno de Marrakech (que Corinna zu Sayn-Wittgenstein menciona en sus grabaciones) y de diversas cuentas en Suiza y no las ha declarado en el modelo 720 ‘el valor de dichos bienes es imprescriptible y tributará en el IRPF de 2014, último año no prescrito a esta fecha, como una ganancia patrimonial no justificada al tipo marginal del 51,5% al tener su residencia en Madrid’.

La diputada de IU Eva García Sempere ha considerado hoy en rueda de prensa “especialmente preocupante” que desde la Mesa se rechazara esta petición de comparecencia de la ministra de Hacienda, mucho más “teniendo en cuenta lo conocido a partir de las declaraciones de Corinna, que de alguna manera incriminan al rey emérito Juan Carlos en actividades de actividad opaca”.

García Sempere abundó también en la idea de que “es muy grave” que si desde 2015 Pedro Sánchez “tenía tan claro la necesidad de que hubiera transparencia y de que saliera esa lista de amnistiados fiscales por Montoro, resulta cuanto menos sospechoso lo que está pasando ahora para que no sea posible hacer pública esa lista”.