RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE FEDERAL DE IU DE RECHAZO A LA DIRECTIVA SOBRE LOS SERVICIOS DEL MERCADO INTERIOR EUROPEO (DIRECTIVA BOLKESTEIN)

“LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE LOS SERVICIOS DEL MERCADO INTERIOR EUROPEO (BOLKESTEIN), ES UNA PUERTA ABIERTA AL DUMPING SOCIAL, A LA PRIVATIZACIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y CUESTIONA LA APLICABILIDAD DE LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE EN NUESTRO PAÍS”

La Comisión Permanente Federal de Izquierda Unida rechaza de forma enérgica la Directiva sobre los Servicios del Mercado Interior Europeo, más conocida como Directiva Bolkestein, y movilizará el conjunto de sus recursos para favorecer el voto contrario en el Parlamento Europeo en su sesión plenaria del próximo día 16 de febrero, y dar a conocer al conjunto de la ciudadanía de nuestro país las nefastas consecuencias de su posible aprobación.

En este sentido, Izquierda Unida llama al conjunto de eurodiputados españoles a votar contra esta directiva, por las graves consecuencias que supone para nuestro mercado laboral y para la calidad de nuestros servicios. No en vano cuenta con el rechazo de la Confederación Europea de Sindicatos, y la práctica totalidad de las centrales sindicales españolas, de los movimientos sociales y del Partido de la Izquierda Europea.

La victoria conseguida en enero por los estibadores en huelga, al conseguir el rechazo del Parlamento Europeo a otra directiva de liberalización de servicios portuarios, ha sido un buen ejemplo del camino a seguir.

Los efectos de la Directiva, de aplicarse en los términos hasta hoy conocidos, cerrará definitivamente el paso a cualquier atisbo de cohesión social en Europa, impedirá la armonización de los derechos laborales entre los trabajadores europeos y propiciará una competencia social desleal, que supondrá la quiebra del derecho laboral y del cumplimiento de nuestra propia legislación en nuestro propio país, con efectos especialmente lacerantes para la negociación colectiva y la ley de prevención de riesgos laborales, ya que la Directiva permite a las empresas la posibilidad de importar mano de obra barata, sin que esta tenga que sujetarse al marco legal regulador de nuestro país.

Esta Directiva constituiría, de ser aprobada, el mayor hecho de desregulación laboral, privatización generalizada de servicios y fomento de la deslocalización que jamás se haya producido en Europa, en la medida en que se mantienen los aspectos más perniciosos de la propuesta rechazada, hace un año por el Parlamento Europeo.

El llamado principio de “país de origen”, supone una desregulación laboral sin limites; posibilitaría que cualquier empresa instalada en aquellos países con menor regulación laboral, pudiera trasladar a sus trabajadores a España, en las condiciones salariales, laborales y de seguridad establecidas en aquél país, sin que las normas especificas vigentes en nuestro marco legal tengan que ser cumplidas, con efectos imprevisibles, no solo en cuanto a la competencia desleal con las empresas que cumplen con la legislación autóctona, sino que además se traduciría en mayor precarización laboral de la ya existente, y en mayores niveles de siniestralidad laboral, en tanto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vigente no sería de aplicación para estas empresas.

El proyecto de Directiva pretende cubrir y favorecer la privatización de la totalidad de los servicios (excepto los servicios financieros, transportes y telecomunicaciones), lo cual podría afectar al 50% de la actividad económica de la UE. Sus efectos serían especialmente negativos en actividades como la distribución, la construcción, el sector del ocio, los servicios relacionados con las tecnologías de la información, la educación, los servicios sociales, etc. y abrirá la puerta a cualquier tipo de abuso ya que pretende regular en los países miembros lo que todavía depende de los servicios públicos y de interés general, y en especial de aquellos servicios, aún sin privatizar del ámbito municipal.

La inmensa mayoría de los ciudadanos españoles pagaríamos muy caro la aprobación de esta Directiva, en especial los trabajadores, los consumidores y profesionales autónomos, no solo en el plano social, laboral y económico, sino también en la calidad y seguridad de nuestros servicios esenciales.

Izquierda Unida, exigirá del gobierno de la nación que aplique la resolución presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde (Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya) y aprobada por unanimidad de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, en la que se insta al Gobierno a proponer en Bruselas una profunda modificación de la propuesta de directiva, eliminando el principio del “país de origen” y, en el caso de que no lo consiguiera, a votar en contra de su aprobación.