Tras la actuación policial, vecinos de este barrio valenciano y los diputados autonómicos de EUPV Lluís Torró y Marga Sanz, así como el coordinador en Valencia de esta formación, Amadeu Sanchis, han resultado heridos en los incidentes.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha denunciado hoy que tras los graves incidentes ocurridos hoy en el barrio valenciano de El Cabanyal, donde la Policía Local ha desalojado de forma contundente a vecinos, concejales y diputados autonómicos, entre los que se encontraban varios representantes de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) que protestaban por los derribos de viviendas ordenados por el Ayuntamiento, “el PP de Camps y Barberá ha mostrado su verdadero rostro”.
Agentes de la Policía Local de Valencia desalojaron a rastras y en volandas a concejales y diputados autonómicos. Entre ellos se encontraban los parlamentarios de EUPV Lluís Torró y Marga Sanz, y el coordinador de esta formación en Valencia, Amadeu Sanchis. Estos dirigentes se limitaban a secundar de forma pacífica la protesta de numerosos vecinos de El Cabanyal contra los derribos de varias viviendas.
Para Lara, “resulta incomprensible que la fuerzas de seguridad allí presentes se dedicaran más a la protección de los derribos de las casas que a la de los derechos de los vecinos. Y aún lo es más que procedieran con la contundencia que lo hicieron, causando daños y lesiones a muchos de los presentes, entre ellos nuestros compañeros de EUPV. La diputada Marga Sanz, por ejemplo, ha tenido que ser atendida en un hospital por las lesiones sufridas.
Los vecinos concentrados protagonizaron constantes pitadas, quejas y sentadas de protesta de forma pacífica contra los derribos. Cayo Lara señala que “estos vecinos y demás afectados han denunciado el excesivo despliegue policial. Muchos de ellos se muestran sorprendidos de que la Policía nunca antes se hubiera empleado en la zona con tantos recursos, a pesar de las constantes denuncias por la venta de drogas”.
Todos estos hechos tuvieron lugar después de que desde las 08:00 h. vecinos de El Cabanyal acudieran a la calle San Pedro, 29, previendo que comenzarían los derribos en aplicación de la ley aprobada el pasado 24 de marzo en el Pleno de Les Corts. Dicha ley, que fue respaldada por la mayoría de los votos del PP, autoriza todas las actuaciones del Plan del barrio de El Cabanyal. Esta norma de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico.
Esta ley sustituye al decreto anterior sobre el cual hay un recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional y una suspensión cautelar de los derribos. Para Cayo Lara, “se trata de una maniobra de ingeniería legislativa del PP que parece darles cobertura legal en estos momentos, mientras el Gobierno no presente un recurso de constitucionalidad también contra esta ley”.
Tras iniciarse los derribos, los vecinos han presentado una cautelarísima en los tribunales pidiendo que sean paralizados hasta que haya un pronunciamiento legal al respecto. No obstante, se ha seguido con la ejecución de los mismos.
La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana también ha cursado instrucciones a la Abogacía del Estado para que “con carácter inmediato y como medida cautelarísima”, se solicite del juzgado la suspensión de todo tipo de derribos en base a la orden vigente del Ministerio de Cultura que así lo dispone y que establece la obligación del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat de ejecutar esa orden.