Gaspar Llamazares denuncia el “vía crucis judicial” que sufren los familiares de las víctimas del franquismo a la hora de recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Izquierda Unida e ICV, formaciones que comparten grupo en el Congreso de los Diputados, llevarán a debate al Pleno de la próxima semana una moción por la que se insta al Gobierno a avanzar de forma decidida en el desarrollo y mejora de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007. El objetivo incluye garantizar que quien desde el ámbito judicial decida aplicar su contenido e investigar las consecuencias de la dictadura franquista amparándose en la legislación internacional no pueda ser acusado de delitos como el de prevaricación, algo similar a lo que ocurre con el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien han llevado ante los tribunales distintas asociaciones y grupos ultraderechistas.

Estos objetivos están recogidos en la moción registrada consecuencia de la interpelación urgente defendida la semana pasada por el diputado Joan Herrera, que tuvo una primera respuesta “insatisfactoria” por parte del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. La iniciativa parlamentaria, entre otras cuestiones, reclama crear una Fiscalía especial de apoyo a las víctimas del franquismo, que se garantice la ayuda pública e institucional para la recuperación de fosas o constituir un día anual para la conmemoración de los represaliados y condena del régimen franquista.  

El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que con esta moción se busca que el Congreso manifieste claramente que quien investiga los crímenes cometidos durante el franquismo “no prevarica”, sino que utiliza los medios legales legítimos del Derecho Internacional y de las leyes españolas.

En este sentido, la moción de IU e ICV insta a “reformar cuantas disposiciones legales sean pertinentes con el objeto de impedir que puedan existir interpretaciones de nuestro ordenamiento jurídico por parte de diferentes estamentos del Estado que vayan contra los principios de Justicia, Verdad y Reparación a la que tienen derecho todas las víctimas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, tal y como se contempla en la legislación internacional en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad”.

“Dichas reformas –se añade- tendrán por objeto garantizar que en ningún caso exista margen para considerar delito aquellas actuaciones que investiguen los crímenes imprescriptibles de la dictara franquista”.

Además de pedir constituir “una Fiscalía especializada en el apoyo y ayuda a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura” se plantea la creación de un “Alto Comisionado” de apoyo a esas misma víctimas, en cumplimiento de lo ya establecido en la Ley de Memoria Histórica, que vele por su cumplimiento “mediante el seguimiento de las actuaciones de los órganos competentes de la Administración General del Estado; la colaboración con cuantas entidades públicas y privadas tengan por objetivo la atención a las víctimas y la cooperación con los órganos competentes en este ámbito de las restantes administraciones públicas”.

Gaspar Llamazares denunció el “vía crucis judicial” que sufren los familiares de las víctimas del franquismo a la hora de recuperar los cuerpos de sus seres queridos, así como la “interpretación sesgada” que se hace de la Ley de Amnistía de 1977.

Detalló también que la moción reclama constituir un “día anual para la conmemoración y apoyo a los represaliados del franquismo y la condena del régimen franquista” y para conmemorar la declaración de condena expresa del Congreso de los Diputados.

Llamazares criticó, además, a la Fiscalía por haberse pronunciado en contra de la recusación contra el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela que presentó el juez Baltasar Garzón. “No compartimos que la Fiscalía no se moje y quiera estar en la procesión y repicando al mismo tiempo con decisiones salomónicas”, dijo.

Para el portavoz parlamentario de IU “es imposible estar a la vez con el juez y con el acusado”, recordando que el fiscal no se mostró a favor de aceptar las querellas contra Garzón por haber prevaricado al querer investigar los crímenes del franquismo y tampoco de que el juez pueda recusar al instructor de la causa contra él.

En este contexto, lamentó que a la Fiscalía no le haya bastado con "la presencia de ciertas acusaciones" en el proceso ni con la "orientación" que, a su juicio, Varela dio a Manos Limpias y Falange Española sobre sus escritos de acusación. "Fue una actitud censurable y una posición de prejuicio evidente", agregó en relación a la actuación del magistrado del Supremo.

Texto de la moción sobre la recuperación de la memoria histórica