Organizaciones política y sociales llevan a los tribunales y al Congreso a las agencia de calificación

IU, ICV y ERC, junto a cuatro asociaciones entre las que se encuentra Attac, forman parte de la acusación popular en las diligencias abiertas en la AN.

Lara, Buenaventura y Tardá anunciaron distintas iniciativas parlamentarias para que el Gobierno se tenga que pronunciar en el Congreso sobre este asunto, así como las peticiones de comparecencia del gobernador del Banco de España y del fiscal general del Estado.

Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) van a combinar sus actuaciones judiciales y parlamentarias, así como incrementar ambos frentes en las próximas semanas, a fin de lograr sentar en el banquillo y llevar al Congreso el debate sobre la presunta actuación ilegal que realizan las agencias de calificación o de rating.

Así lo anunciaron hoy durante un desayuno informativo el coordinador federal de IU, Cayo Lara, y los parlamentarios de ICV y ERC en el Congreso, Nuria Buenaventura y Joan Tardá, quienes junto al abogado y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, Carlos Ruiz, vicepresidente de la organización Attac España, y el portavoz de Unión por las Libertades Civiles, Gonzalo Boye –todas ellas asociaciones y formaciones políticas personadas como acusación popular en las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional sobre este caso- defendieron la “estricta aplicación del Código Penal” frente a la manera de proceder de estas agencias defendiendo supuestamente intereses de los especuladores.

Santiago detalló que en la querella presentada en la Audiencia Nacional se acusa a las agencias de rating de los presuntos delitos de “maquinación para alterar el precio de las cosas” y de “utilización de información reservada con el fin de obtener beneficio económico”, contemplados en los artículos 284 y 285 del Código Penal.

De igual forma, explicó a los periodistas que la acusación popular –de la que, además de IU, ICV y ERC forman parte Attac, Unión por las Libertades Civiles, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca- da por admitida la querella pese a no haber notificación formal por parte del juez. Lo hacen después de que el titular del Juzgado número 2 de la Audiencia, Ismael Moreno, le haya pedido la traducción de diversos documentos presentados con antelación, entre ellos las tres demandas presentadas contra las agencias de rating en Estados Unidos a instancias de los fiscales de Connecticut, Ohio y California. El letrado señaló que aquí reside una de las diferencias frente a la querella en España, ya que en EE.UU “es la Fiscalía quien ha llevado la voz cantante en el asunto”.

Por su parte, Cayo Lara consideró que esta actuación sobre las agencias Moody's, Standard & Poor's y Fitch supone una “decisión valiente”, pese a reconocer que nos encontramos en una especie de “lucha de David contra Goliat”.

El coordinador federal de IU Cayo Lara mostró su confianza en que la querella prospere “dada su buena base y los argumentos jurídicos y técnicos que la amparan”, al tiempo que se centró “en las responsabilidades políticas que rodean estas actuaciones, entre ellas las de un Gobierno que ha puesto nuestra democracia de rodillas ante los intereses especulativos financieros”, así como la de algunos actores, como el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Ordóñez, “que no actúan con la diligencia ni la imparcialidad que debieran”.

En este sentido, tanto Lara como Buenaventura y Tardá anunciaron que el grupo parlamentario integrado por sus formaciones presentará distintas iniciativas para que el Gobierno tenga que posicionarse en el Congreso sobre la actuación seguida por las agencias de calificación. Además, solicitarán las comparecencias en la Cámara Baja de Fernández Ordóñez y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Nuria Buenaventura indicó que “son los mercados quienes están marcando la política económica a nivel general y, en concreto, en España. No son entes abstractos sino que tienen nombre y apellidos, y entre ellos están justamente estas empresas, que marcan las políticas económicas y, por lo tanto, los recortes que están haciendo distintos Estados”. Por este motivo, aseguró que “tendría que ser el propio Gobierno el que tendría que querellarse por lo que están haciendo, no las fuerzas minoritarias”.

Joan Tardá, diputado de ERC, afirmó que “al margen del resultado final, estamos en el inicio de una cruzada, una batalla contra el icono de la perversidad del sistema” y coincidió también en que tendría que ser el fiscal general quien, en nombre del Gobierno, actuara de “catalizador en este proceso”.>

Carlos Ruiz denunció en nombre de Attac España que las agencias de rating “han generado la ruina de millones de personas sin asumir ninguna responsabilidad”, al tiempo que descartó el papel meramente consultor o de opinión de las mismas, debido a la trascendencia que tienen las calificaciones que realizan.

El portavoz de Unión por las Libertades Civiles, Gonzalo Boye, reconoció que “queda mucho por legislar" en esta materia, pero consideró que esta querella arrojará “mucha luz sobre lo que está pasando y abrirá un camino al que esperamos que se sume mucha gente para acabar con esta manera de actuar”.

En la foto Cayo Lara, Nuria Buenaventura y Joan Tardá.

Documento de la querella.